Montoro propone ahora prohibir por ley nuevas amnistías fiscales

Además, el titular de Hacienda ha afirmado que tras la aprobación de los Presupuestos de 2017 el Gobierno pondrá en marcha un decreto para una "convocatoria extraordinaria" de oferta de empleo público y reforzar la plantilla de trabajadores de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude.

Antes de realizar estos anuncios para calmar las críticas de la oposición y las peticiones de dimisión realizadas por PSOE y Podemos, el ministro ha repasado la situación económica "casi inviable" de España en 2012 para justificar la aprobación de la amnistía. En este sentido, ha recordado que "algunos grupos políticos" pedían al Gobierno que solicitara el rescate. Sin embargo, Montoro ha asegurado que la decisión fue mantener la "autonomía política" de España. "Adoptamos las medidas que había que adoptar dada la delicada situación de empleo y déficit", ha explicdao. En este sentido, ha dicho que de no haber aprobado medidas "urgentemente" los colectivos más débiles como pensionistas, desempleados y funcionariso, habrían sufrido las consecuencias negativas.

Asimismo, el ministro de Hacienda ha resaltado que la amnistía permitió aflorar 40.000 millones en rentas ocultas "que ahora siguen tributando" y unos ingresos de 1.200 millones. Una cifra que el ministro ha insistido en que es inferior a los 2.500 millones previstos por el Gobierno, pero que justificó por ser una cifra estimada en función de lo recaudado por otros países que hicieron una amnistía.

Montoro también ha rechazado que la regularización de 2012 fuese legitimar a los defraudadores ni "abdicar" -palabra utilizada por el Constitucional en su sentencia- en materia de lucha contra le fraude. Así, ha insistido en que la regularización "no borra delitos". A su juicio es lo contrario y ha insistido que la medida permitió "sacar rentas de la sombra y ponerlas al alcance de la Agencia Tributaria y la justicia". En este sentido, afirmó que desde 2013 se han incluido a los contribuyentes de la amnistía en un plan de control para la posible utilización fraudulenta de ese procedimiento o de la declaración de bienes en el extranjero, el denominado modelo 720.

Así, ha recordado que 138.000 residentes en España declararon bienes en el exterior 91.000 millones (incluyendo lo regularizado en la amnistía). Asimismo, Montoro ha resaltado que la Agencia Tributaria ha realizado 10.990 actuaciones inspectoras a declarantes del modelo 720 que ha permitido aflorar una deuda de 1.947 millones que tienen que abonar y que se han liquidado 971 millones. Por su parte, se investigó a otros 3.941 declarantes de la amnistía con 279 millones deuda instruida de la que se ha liquidado 212 millones. Por último, otros 2.544 declarantes conjuntos (acogidos a la amnistía y modelo 720) que han aflorado 187 millones ya liquidados de 143 millones.

Montoro ha insitido en que la amnistía también ha producido efectos positivos en la recaudación tributaria al ensanchar las bases imponibles. Así, ha resaltado que en el Impuesto de Patrimonio, mientras que en el periodo 2007-2015 en su conjunto la base imponible se redujo un 32% (pasó de 514.000 millones hasta 350.000 millones) el patrimonio de los acogidos a la amnistía aumentó un 82,30% (de 28.000 millones a 52.000 millones). Por su parte, los contribuyentes del modelo 720 aumentaron un 78,6% su declaración de patrimono (de 61.000 millones a 109.000 millones). En el caso de contribuyentes de ambos modelos (amnistía y bien en el exterior) se ha duplicado al pasar de 23.800 millones en 2007 a 46.000 millones en 2015.