El choque entre la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el resto de grupos durante la comparecencia de la ministra en la comisión parlamentaria del ramo prometía ser de impresión. Tal es así que Montero ofreció sacar adelante medidas como la suspensión de la ... regla de gasto para los municipios en 2020 o la actualización de su financiación –respecto a lo que no hay oposición–, pero dejar congelada la parte del acuerdo con la Federacion Española de Municipios y Provincias (FEMP) por la que los ayuntamientos podrían trasladar sus remanentes al Estado a cambio de un fondo repartido entre esos municipios de hasta 5.000 millones, lo que ha suscitado oposición casi unánime.
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Los ayuntamientos han acumulado remanentes por valor de 26.000 millones, de los que tienen disponibles 14.000 que podrían trasladar al Estado central. El coste de los municipios por tener en los bancos esos recursos asciende a 70 millones al año, por los tipos de interés negativos, según Montero.
La ministra alegó que, ya que la Constitución establece el mandato del equilibrio fiscal para las entidades locales y que la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 marca eso mismo, «no hay otra fórmula» que la que propone para que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes. Según sus cálculos, para no entrar en déficit, sólo podrían emplear 1.000 millones de esos 14.000. Montero defendió que, con el marco acordado con la FEMP (cuya legitimidad defendió, frente a las críticas de la oposición), se inyectan hasta 5.000 millones.
Montero da por perdido este fondo, contra el que se pronunciaron todos los grupos. Carolina España, del PP, en términos gruesos, calificó la propuesta del Gobierno de «confiscación» –frente a lo que Montero afirmó que la cesión de remanentes es voluntaria– y anunció un recurso de inconstitucionalidad; Joan Margall (ERC) habló de «chantaje»; y ni siquiera lo defendió Gerardo Pisarello (Unidas Podemos).
Los municipios siguen con sus movilizaciones contra el decreto del Gobierno y mañana participarán en un acuerdo telemático 31 ciudades, 24 capitales de provincia, y que representan a trece formaciones políticas distintas.
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