Montero ofrece parar el traspaso al Estado de los remanentes locales

Los ayuntamientos han acumulado remanentes por valor de 26.000 millones, de los que tienen disponibles 14.000 que podrían trasladar al Estado central. El coste de los municipios por tener en los bancos esos recursos asciende a 70 millones al año, por los tipos de interés negativos, según Montero.

La ministra alegó que, ya que la Constitución establece el mandato del equilibrio fiscal para las entidades locales y que la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 marca eso mismo, «no hay otra fórmula» que la que propone para que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes. Según sus cálculos, para no entrar en déficit, sólo podrían emplear 1.000 millones de esos 14.000. Montero defendió que, con el marco acordado con la FEMP (cuya legitimidad defendió, frente a las críticas de la oposición), se inyectan hasta 5.000 millones.

Montero da por perdido este fondo, contra el que se pronunciaron todos los grupos. Carolina España, del PP, en términos gruesos, calificó la propuesta del Gobierno de «confiscación» –frente a lo que Montero afirmó que la cesión de remanentes es voluntaria– y anunció un recurso de inconstitucionalidad; Joan Margall (ERC) habló de «chantaje»; y ni siquiera lo defendió Gerardo Pisarello (Unidas Podemos).

Los municipios siguen con sus movilizaciones contra el decreto del Gobierno y mañana participarán en un acuerdo telemático 31 ciudades, 24 capitales de provincia, y que representan a trece formaciones políticas distintas.