Las medidas de ajuste presupuestario no deberían aplicarse hasta 2022

Porque preparar la consolidación fiscal, los posibles recortes y las eventuales subidas de impuestos, no significa que se deba aplicar de inmediato. Desde el FMI, incluso, esta semana se afirmaba que el aumento del déficit y de la deuda «es lo adecuado en este momento». Avisaba de que será una vez se supere la crisis cuando el país tendrá que ajustarse.

La incógnita es cuándo se presentarán y llegarán –o deberían presentarse y llegar– esos temidos ajustes y qué forma adoptarán. Desde Fedea apuntan que si bien conviene que el camino hacia la consolidación se haga explícito en el proceso de elaboración del presupuesto de 2021 –es decir, este otoño–, las medidas no deberían aplicarse hasta 2022.

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, está de acuerdo: «Ahora no es el momento de hacer ajustes y probablemente el año que viene, tampoco. 2021 debería ser de contención, pero no de ajuste». «Ahora, aunque no se pongan todavía las medidas en práctica, sí es importante contar ya con un plan de varios años en el que se especifique con cierto detalle el objetivo de recorte del déficit estructural –medio punto al año, por ejemplo– y con qué medidas se logrará», continúa Fernández.

Javier Ferri, investigador de Fedea, añade que también se puede marcar una ratio para determinar a partir de cuándo comenzará la austeridad. Y sugiere que se emplee el PIB per cápita: los ajustes llegarían cuando recupere niveles cercanos a los previos a la Covid-19.

Santiago Carbó, catedrático de Cunef, afirma que si bien a corto plazo el Estado tiene que gastar «todo lo que se pueda», añade que el Ejecutivo ahora podría comenzar con la evaluación de las políticas públicas con el objeto de mejorar la eficiencia del gasto estatal y sus efectos sobre el crecimiento económico. A ello se puede sumar un buen diseño de las inversiones que se realizarán con los fondos europeos, como defiende Ferri, con la misión de poner unas bases sólidas al crecimiento económico de largo plazo, un factor esencial que contribuirá a asegurar la sostenibilidad fiscal.

Además de realizar mejoras en la Administración y su eficiencia en el gasto, Fernández afirma que «se deberían tocar las pensiones y los salarios de los funcionarios». Carbó señala la necesidad de hacer sostenibles las pensiones, pero no con «hachazos».

En materia impositiva, hay discrepancias. Si bien Fernández y Carbó opinan que ahora habría que tener cuidado con las subidas de impuestos, Ferri discrepa y advierte de que «no nos vamos a poder librar de subidas de impuestos este año y el que viene». Anticipa un recargo transitorio sobre el IRPF para hacer frente a los efectos fiscales de la pandemia. Con vistas al más largo plazo, cree que hay que abordar una reforma del sistema tributario, analizando la eficacia del mix de impuestos, la integración de diferentes figuras tributarias o la eliminación de deducciones para elevar los tipos efectivos, lo que es menos distorsionador que la subida de los tipos marginales.

Fernández y Carbó, que abogan por retrasar las subidas de impuestos a partir de 2022, prevén entonces incrementos en IRPF y en el IVA, si bien Fernández desaconseja tocar Sociedades. El catedrático de Cunef defiende que hay que alcanzar la «suficiencia fiscal» y ello requiere «incrementar la recaudación en decenas de miles de millones de euros».