Los litigios de las comunidades contra Hacienda a cuenta del IVA toman velocidad

El Gobierno de Andalucía, que reclama 537 millones de euros, decidía acudir a los tribunales esta misma semana, imitando a Madrid. Elías Bendodo, consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, afirmó que es una decisión que se toma después de que el Gobierno central haya cerrado con «un portazo» las llamadas al diálogo que ha hecho la Junta para tratar de resolver este asunto. Mientras tanto, en Valencia, el PP ha enviado a las Cortes una proposición no de ley de tramitación inmediata para recuperar los 281 millones de euros que reclama que le pertenecen. Y la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha anunciado que su Ejecutivo reclamará y reivindicará al Gobierno central que arregle la que califica como «fechoría».

Porque ésta no es sólo una protesta protagonizada por las autonomías en manos de partidos distintos a los del Ejecutivo español. Así, el Gobierno asturiano no descarta la vía judicial para recuperar los que considera «sus» 75 millones de euros. Y el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, también ha anunciado que denunciará al Ejecutivo central si no acuerda con las autonomías el pago del IVA de 2017.

El fondo de la disputa reside en un cambio normativo introducido en el año 2017 para la declaración del IVA. Entonces entró en vigor el suministro inmediato de información (SII), de acuerdo con el que las empresas vuelcan directamente las facturas en un sistema informático, lo que implica que la Administración puede acceder prácticamente a tiempo real a esa información. Se trata de un mecanismo, como apunta César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, perfectamente homologable con la normativa comunitaria. Pero su introducción amplió el plazo de liquidación del impuesto, con lo que la fecha límite para cada mes pasó del día 20 al 30 del mes siguiente. Ello implicó que el primer ejercicio de aplicación, 2017, a efectos contables, sólo tuvo once meses, porque no dio tiempo a contabilizar el último. Esos 2.500 millones de euros reclamados serían los que corresponderían al mes que no dio tiempo a liquidar y que habrían perdido las autonomías.

Según la ley de financiación autonómica, a las comunidades les corresponde el 50% de la recaudación por IVA. Y a esta circunstancia alude José María Mollinedo, secretario general de Gestha, para creer que el Estado tiene razón en el conflicto con las autonomías. Afirma que en el ejercicio 2017, la recaudación por IVA fue de 63.647 millones de euros, lo que implica que a las autonomías les corresponderían 31.823, pero el Estado les pagó 33.056 millones a cuenta de ese ejercicio, es decir, alrededor de 1.200 millones más, luego liquidados. Por ello, considera que, ateniéndose a la normativa, cualquier reclamación decaería en los tribunales. Todas las cifras que aporta Mollinedo atienden al año de once meses que generó en términos de IVA el cambio regulatorio, pero es que «ese año hubo SII», defiende este experto. «El tribunal entendería que un Gobierno decidió establecer el tributo como consideró conveniente, dado que tiene potestad para ello, como establece la Constitución, y que ni el Gobierno de Sánchez de la legislatura anterior ni el de la actual ha cambiado esa ley», afirma Mollinedo.

Pero éste no es el argumento que está utilizando el Ministerio de Hacienda. La titular de la cartera, María Jesús Montero, afirmaba este martes tras el Consejo de Ministros que el Estado no devolverá esos 2.500 millones de euros. Expuso que la liquidación de 2017 correspondiente a ese impuesto tendría que haberse hecho en 2019. Y, efectivamente, lo que se hace cada año es realizar una estimación de los ingresos del Estado y, con ella, se calcula lo que debería asignarse a cada autonomía, que lo ingresa a cuenta de ese ejercicio. A continuación, dos años después, con los datos definitivos de la recaudación impositiva, se calculan las cifras reales, y se realiza la liquidación.

En definitiva, el desfase de 2017 tendría que haberse resuelto en 2019. Como no se hizo entonces -según Montero, porque el Parlamento no aprobó los Presupuestos Generales del Estado, en los que había una partida para compensar a las comunidades autónomas-, la ministra alega que ya no es posible hacerlo ahora. Además, negó que haya 2.500 en manos del Estado que no se vayan a traspasar, puesto que ya se ha hecho un ajuste en términos de contabilidad nacional. Pero la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha agarrado a un argumento ligado a esto: el Gobierno central, con sus Presupuestos frustrados del año pasado, «había reconocido la necesidad de introducir medidas correctoras y así lo reflejó en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El texto recogía que ese año se ejecutarían un total de 13 autoliquidaciones para compensar lo ocurrido en 2017».

César García Novoa considera que la razón está del lado de las Comunidades autónomas. Expone que el acuerdo tácito después de ese 2017 de once meses era que se compensara con un 2018 de trece meses. Pero, para que tal compromiso se hiciera efectivo, se tendría que haber acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no se convocó en 2018. Ni tampoco en 2019, cuando además no hubo Presupuestos. Pero García Novoa insiste en que no hay prescripción porque en 2019 no se haya efectuado la liquidación. «Técnicamente no hay prescripción. Pasados los dos años no pierdes el derecho a reclamar», defiende el catedrático, quien además recuerda que el dinero es de las Comunidades autónomas: «No es un crédito, es un impuesto que el Estado está encargado de recaudar para dar una parte a las autonomías», añade. Por ello, cree que la judicial puede ser una vía de reclamación, y que en un eventual juicio, la carga de la prueba estará en el Estado, que será el que tendrá que dar los detalles sobre el IVA de 2017 y cómo se resolvió en ese año su liquidación.

Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, considera que la vía de solución sería la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, algo que la ministra Montero ha afirmado que hará en las próximas semanas. Advierte, asimismo, que la vía judicial puede tener un doble riesgo para las Comunidades autónomas: «El tiempo que se tarde en resolver y el hecho de que, con una interpretación literal de la normativa, la probabilidad de que el tribunal dé la razón a las Comunidades autónomas es baja». Así, si bien Lago afirma que las autonomías tienen «la razón económica en lo que piden», señala, en coincidencia con Mollinedo, que la aplicación de la ley llevaría consigo que los tribunales pudieran fallar a favor del Estado.

Este catedrático aboga por una solución negociada: «Lo justo es que la Administración central busque una solución. Pero hay que hacerlo de forma dialogada y constructiva, buscando un encaje legal apropiado». Aunque Santiago Lago Peñas añade: «En todo caso, en su mayor parte ese dinero ha sido ya gastado (a crédito) por las Comunidades autónomas. Eso explica que su déficit vaya a ser significativamente superior al límite asignado». Y sugiere: «A lo mejor la solución está en hablar de qué hacer con la deuda correspondiente».

Mollinedo plantea la posibilidad de que ésta se convierta en una carta en la manga del Gobierno para ayudarle a negociar los Presupuestos de 2020. No hay que descartar, por tanto, como señala este experto, que haya alguna modificación legal para pagar en este 2020 el IVA pendiente de 2017. El año con trece meses podría terminar siendo éste.