El juez cree que la cúpula de BBVA consintió los contratos del banco con Villarejo

La acusación sobre los principales directivos del banco no ha implicado por ahora que el magistrado haya decidido investigar a cada uno de los miembros del consejo que pasaron por ese órgano en los últimos 17 años. Es BBVA como persona jurídica sobre quien recae la imputación por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Sobre este último presunto delito, quiere aclarar si el banco puso en marcha medidas de control para evitar esos posibles delitos o si «la ausencia de mecanismos de control» y la «tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial» fueron «medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar» la contratación de Villarejo.

A partir de ahora, el juez esperara aclarar si el banco se benefició de esos contratos y si no aplicó los controles «permitiendo» la «corrupción personal de sus directivos» y «prácticas que pudieran resultar contrarias al interés» de la entidad. Asume en este punto el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Porque el Ministerio Público considera que «alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno de Cenyt» por la facilitación de todas esas contrataciones. Aquel escrito incorporaba detalles que describen acciones «indiciariamente» ligadas a la relación abrupta con el policía, según fuentes jurídicas.

La aclaración sobre si BBVA puso en marcha mecanismos internos de prevención del delito será clave para contener la lista de imputaciones o, en su caso, ampliarla más allá del exconsejero delegado hasta 2015, Ángel Cano, y casi una decena de antiguos y actuales directivos.

Por ahora, el expresidente, Francisco González, no se encuentra incluido en la causa como investigado. Apenas 24 horas antes de que BBVA presente este mismo miércoles sus cuentas semestrales públicamente y responda a sus inversores, en medio de una presión creciente, el banquero ha salido a la palestra para tratar de desvincular la imagen del banco de lo que considera «posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera». González se aparta de cualquier responsabilidad en torno a los trabajos encargados durante años a Cenyt, y más aún de los supuestos espionajes para evitar su descabezamiento como presidente del grupo a partir de 2004 al señalar que tuvo conocimiento de todos esos hechos «a través de lo publicado en un medio de comunicación» en mayo del año pasado.

El también expresidente de honor del banco y la fundación, que presentó su dimisión de ambos cargos un día antes de la última junta de accionistas, defiende que BBVA ha trabajado siempre «bajo unos estrictos estándares de conducta» y que la actuación del banco «ha sido intachable y con un cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo y cumplimiento normativo». En una nota indica que fue él quien impulsó la investigación interna y que BBVA se ha movido siempre «dentro de la más estricta legalidad» en defensa de sus intereses, sus profesionales, sus accionistas y sus clientes. Los sindicatos CC OO y UGT reconocen estar preocupados por el impacto que tiene la imputación del banco y esperan que no afecte al empleo.

En medio de la imputación del juez a BBVA, a las puertas de la presentación de resultados y con el expresidente Francisco González desvinculándose del 'caso Villarejo', el hasta ahora jefe de Regulación y Control Interno de BBVA, Eduardo Arbizu, ha salido del banco. Lo hace después de dos décadas históricamente ligado al expresidente, Francisco González, desde que el banquero llegara a la cúpula de la firma en 2000 en puestos como responsable jurídico y de 'compliance' de BBVA. Y lo más importante: era uno de los responsables de las conclusiones del informe que la entidad elabora para aclarar lo ocurrido con los contratos, y el supuesto espionaje, de Villarejo. De hecho, fue ascendido para ejercer ese cargo con la llegada de Carlos Torres a la presidencia a finales de 2018. Su sustituta es Ana Fernández Manrique, hasta ahora directora de riesgos.