El Gobierno calcula que la renta mínima vital costará 3.000 millones al año

La cuantía es inferior a cualquiera de las que se barajaban hasta ahora para poner en marcha esta medida que se encontraba incluida en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. La Autoridad Fiscal (Airef) estimaba en el informe que elaboró el año pasado sobre el ingreso mínimo que supondría un coste de 5.000 millones para las arcas públicas, aunque gracias a la supresión de duplicidades con otras rentas autonómicas, el impacto presupuestario sería de 3.500 millones, por encima de la cifra indicada este martes por Escrivá. De hecho, esos 3.000 millones serían menos de la mitad de lo que calculaba la iniciativa legislativa popular presentada en febrero de 2017 por UGT y CC OO.

Esta reducción con respecto a los primeros cálculos se explica porque la Seguridad Social ha analizado datos reales de ingresos de los potenciales beneficiarios, a través del cruce de estadísticas con la Agencia Tributaria. «Ya no son estimaciones de encuestas», ha aclarado el ministro. Además, Seguridad Social ha tenido en cuenta la red de ayudas autonómicas en vigor, que completarán el «mínimo nacional» que aprobará el Ejecutivo, lo que les ha permitido ahorrar una parte de ese coste consolidado para las arcas públicas.

En cualquier caso, José Luis Escrivá no ha aclarado cuál va ser ese importe mensual que van a recibir las familias vulnerables para completar otros ingresos con los que poder subsistir por encima de los niveles de pobreza. Tampoco el número de familias potencialmente beneficiarias. Los cálculos de la Airef anticipaban aproximadamente un millón, lo que supondría hasta cuatro millones de personas protegidas con esa medida. La cifra del importe que van a cobrar se la reserva previsiblemente para cuando el Gobierno haga oficial el anuncio posterior al Consejo de ministros que dará luz verde a la medida en la segunda quincena de este mes de mayo.

Escrivá también ha indicado que está previsto que, una vez la propuesta salga de La Moncloa y sea avalada por el Congreso de los Diputados, durante el mes de junio la podrán comenzar a cobrar los hogares acogidos a la misma, aunque sin especificar fechas concretas. Ante la parálisis de buena parte de la Administración como consecuencia del confinamiento y el estado de alarma, Escrivá indicó este martes que están diseñando «un sistema multicanal para poder llegar a los más vulnerables». No solo se podrá tramitar a través de la Seguridad Social, de quien dependerá oficialmente la ayuda, sino también mediante «canales adicionales de otras Administraciones» para iniciar su pago el próximo mes.

El titular de Seguridad Social insistió en que será una prestación con carácter permanente, después de las dudas que habían surgido en abril sobre la viabilidad económica de la renta mínima. En ese contexto, el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, amagó con implantar una ayuda «puente», si el Ejecutivo no habilitaba el ingreso mínimo, para ayudar a las familias en situación vulnerable por la Covid-19. Después de varios desencuentros públicos -la portavoz, María Jesús Montero, llegó a hablar de «meses»- el Ejecutivo apuntó que aprobaría este mes la propuesta.