El Gobierno mantiene sus planes sobre los impuestos, a pesar de la pandemia

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a una pregunta esta semana en el Senado sobre los impuestos que subirá, remitía al pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y al proyecto de Presupuestos de 2019 que no prosperó en las Cámaras.

Ese plan pasa por cambios en Sociedades, con un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas –y del 18% para bancos e hidrocarburos–. También, por subidas del IRPF de dos puntos para rentas sobre los 130.000 euros y de cuatro a partir de los 300.000, además del aumento de cuatro puntos en los tipos en rentas del ahorro por encima de 140.000 euros. A ello se suma la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras –'tasa Tobin'– y sobre las tecnológicas –'tasa Google'–, que se tramitan en el Congreso.

Si con estos dos últimos tributos el Gobierno preveía recaudar cerca de 2.000 millones más; según Gestha, los cambios en Sociedades permitirían ingresar otros 3.500 millones; y la subida en IRPF debería completar el aumento de los ingresos públicos por valor de 7.000 millones en que se calcula el impacto total de las reformas fiscales. La voluntad del Gobierno para subir estos tributos se puede dar por hecha y es probable que reúna los apoyos suficientes para sacarlos adelante en las Cámaras.

Otra cosa sucede con el impuesto sobre la riqueza propuesto por Pablo Iglesias, que sería aplicable a patrimonios por encima del millón de euros, con la primera vivienda exenta hasta los 400.000 euros, y con tipos a partir del 2%: Montero se ha manifestado en contra de figuras tributarias nuevas, aunque sí es partidaria la armonización de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones a nivel autonómico cuando se negocie el nuevo modelo de financiación.

Los expertos no coinciden del todo con el plan de Hacienda. Hay algunos que apuntan a que hay que ir más allá. Y otros alertan de que en una situación como la actual hay que cuidar qué impuestos se suben. Entre estos últimos está Jesús Sanmartín, presidente del REAF, que cree que ahora sería mejor no tocar los impuestos. Argumenta que en 2020 se logró una recaudación superior a los 210.000 millones. Pero otros analistas introducen matizaciones sobre diferentes tributos.

En Sociedades, Jorge Onrubia, investigador de Fedea y profesor de la Complutense, comenta que sería mejor no tocarlo: «No me gusta ni la idea de una imposición mínima ni creo ahora conveniente elevar la presión fiscal». Pero defiende limpiar el impuesto de beneficios fiscales, ya que se desconoce «la eficacia del dinero que Hacienda deja de ingresar».

Alberto Vaquero, profesor de la Universidad de Vigo, que también cree necesario repasar las deducciones y bonificaciones, especialmente aquellas de las que se benefician las grandes empresas, aboga por una «reforma en profundidad» de este tributo para que recupere «capacidad recaudatoria» puesto que es el único que pierde peso en recaudación.

En el IRPF, Onrubia también defiende eliminar beneficios fiscales con carácter estructural. Pero, coyunturalmente, para hacer frente a la pandemia, es partidario de establecer un recargo temporal y progresivo a rentas a partir de los 15.000 o 18.000 euros. Mientras, para Vaquero, son aconsejables nuevos tramos a partir de los 60.000 euros: «Si se quiere mejorar la progresividad de este tributo, no es recomendable que cualquier importe que supere esa cifra anterior tribute al mismo tipo (45%)». Las Plataformas de Justicia Fiscal, constituidas por CC OO, UGT, ONG y los técnicos de Hacienda, precisan que se debería aumentar en tres el número de tramos de la renta general, a partir de 120.000, 145.000 y 175.000 euros.

Onrubia plantea el recargo extraordinario en el IRPF en lugar del Impuesto sobre la Riqueza de Iglesias, respecto al que se manifiesta escéptico. Sanmartín señala que éste puede no ser eficaz a corto plazo, al igual que elevar los tipos sobre el ahorro, debido a la caída del valor de los activos.

Vaquero en lugar de defender un nuevo tributo, apuesta por la reforma de Patrimonio con mínimos estatales. Eso propone Onrubia para Sucesiones y Donaciones. Aunque Vaquero cree que en esta coyuntura las autonomías se van a pensar las potenciales rebajas prometidas. «Hay que tener muy en cuenta los efectos de una hipotética supresión tanto de Patrimonio como de Sucesiones y Donaciones sobre los ingresos (e incluso sobre la composición del gasto autonómico)», concluye.