Sin tiempo para recaudar 2.000 millones que prevé Hacienda con la 'tasa Google' y 'tasa Tobin'

El Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero fue un paso más allá y ha incluido el impuesto sobre servicios digitales en su proyecto de Presupuestos que fue presentado el pasado lunes en el Congreso. Con él pretenden recaudar 1.200 millones de euros al año, aunque bien es cierto que el tiempo se les ha echado encima.

Este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado tanto este como el nuevo impuesto a las transacciones financieras -850 millones de recaudación prevista- pero, aunque la tramitación parlamentaria fuera sobre ruedas, su entrada en vigor se demoraría, como mínimo, hasta mayo, lo que reduciría de forma importante la recaudación.

Al ser un proyecto de ley, aunque se aprobara este viernes en Consejo de Ministros no sale este sábado automáticamente publicado en el BOE, sino que tiene que pasar la tramitación en el Congreso. Superar este primer paso ya es un reto ya que PP y Ciudadanos podrían bloquearlos. Desde el Ministerio confían en que no sea así porque sería «incoherente» ya que el Gobierno de Rajoy ya llevaba el impuesto de servicios digitales en el último programa de estabilidad y ha defendido el de transacciones financieras en Bruselas. Pero todo puede pasar.

Y una vez que pasen ese trámite, tendrán que pasar tres meses hasta que entren en vigor «por seguridad jurídica», explican fuentes de Hacienda. Todos estos plazos pueden suponer que finalmente vean la luz a mitad de año, lo que rebajaría su recaudación considerablemente respecto a los 2.050 millones previstos entre ambos de haberse puesto a funcionar el 1 de enero. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya rebajaba su recaudación a una horquilla de entre 546 y 968 millones para servicios digitales, en lugar de los 1.200 del Gobierno; y entre 420 y 850 millones el de transacciones financieras, siendo así su tope máximo la previsión del Ejecutivo.

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará con un 3% los servicios de publicidad online y la venta de datos. Afectará a las compañías que facturen 750 millones de euros a nivel global y 3 millones en España.

El texto del anteproyecto de ley ya revelaba -sin dar nombre- quién pagará concretamente el impuesto y quién no. De esta forma, se libera a las empresas que han dado el salto a las ventas por internet, pero que pertenecían al mundo 'offline', como puede ser El Corte Inglés, Mercadona o Inditex, entre otras.

Tampoco pagarán este impuesto otras digitales como Wallapop porque el Gobierno considera que no hay que gravar a las empresas «dedicadas a las entregas de bienes o prestaciones de servicios que tengan lugar entre usuarios en el marco de un servicio de intermediación online» porque la interfaz digital «se utiliza solamente como medio de comunicación».

La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con la 'tasa Google' se comenzará a gravar a empresas que «no pagaban impuestos en España y establecían una competencia desleal» con aquellas tradicionales que sí tributaban a Hacienda. Ha recordado que España es el primer país de la UE que adapta la tributación «a los nuevos modelos de negocio digital».

El nuevo Impuesto sobre Transacciones Financieras gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Solo está dirigido a las empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

La ministra de Hacienda ya ha anunciado que se trata de un impuesto finalista cuya recaudación -850 millones previstos- irá destinada directamente a la Seguridad Social para pagar pensiones y el sistema de protección social.

Celaá destacó que desde el año 2013 hay diez países europeos trabajando sobre esta imposición y España ha querido seguir el camino de otros como Francia e Italia, que ya los tienen establecido.

Lo que finalmente no ha aprobado el Consejo de Ministros este viernes es el proyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recogía un amplio abanico de medidas.

Entre otras, incluirá la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, el reforzamiento de la lista de morosos con los responsables solidarios y la aparición de los deudores a partir de 600.000 euros (ahora es un millón), la prohibición de amnistías fiscales y la adopción de medidas internacionales de lucha contra el fraude. Con todas estas medidas, prevé recaudar 500 millones de euros extra.