Hacienda quiere prohibir las amnistías para luchar contra el fraude

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montaero, ha apuntado que con la pohibición de las amnistías no se volverá «a perdonar a los incumplidores» a través de regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes.

Montero ha cargado contra el proceso de regularización fiscal que el gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha poco después de llegar al poder a finales de 2011. Entonces permitió legalizar las rentas no declaradas por los contribuyentes que habían defraudado al fisco con una penalización tributaria. A cambio esperaba ampliar las bases de contribuyentes en un contexto de desplome de los ingresos tributarios. De los 2.500 millones estimados que recaudaría finalmente llegó a los 1.200 millones.

La medida fue duramente criticada por la oposición desde su aprobación, y derivó en la promesa electoral de PSOE y Unidas Podemos de desvelar la lista de ciudadanos que se habían acogido a la amnistía. No lo pudieron hacer porque la legislación lo impide, tal y como ha reconocido Montero este mismo martes.

Por otra parte, el proyecto de ley limitará el pago en efectivo, que bajará de 2.500 a 1.000 euros para operaciones entre empresas y profesionales. No así para particulares, que podrán seguir pagando en efectivo hasta 2.500 euros. Aunque Montero ha señalado que el objetivo de Gobierno es seguir disminuyéndolo para «bajar a la mínima expresión» los pagos en efectivo y tener trazabilidad de todas las operaciones.

Respecto a la lista de morosos que cada año publica Hacienda se bajará el umbral de deuda que conlleva la inclusión en la lista de un millón a 600.000 euros, con la idea de promover y agilizar el pago de las deudas pendientes.

Además, se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior.

La titular de Hacienda ha recordado que la lucha contra el fraude es una prioridad del Ejecutivo y que en 2019 permitió recaudar 15.715 millones de euros, un 4,1% más que un año antes, en tanto que el control sobre los grandes patrimonios y empresas digitales ingresó 608 millones, un 75% más. «No hay justicia tributaria si algunos eluden impuestos», ha afirmado Montero, que ha destacado que el fraude supone una competitividad desleal frente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y un deterioro de la recaudación con la que se blindan los servicios públicos.

«Tolerancia cero contra el fraude fiscal», ha añadido la ministra, que ha subrayado que la ley incluye medidas frente a formas de fraude más sofisticadas y complejas que requieren de personal en la Agencia Tributaria cada vez más especializado.

Además, la norma, que mantiene el objetivo de poder recaudar alrededor de 800 millones cada ejercicio, prohibirá la producción, tenencia o comercialización de los programas o sistemas informáticos de doble uso que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.

Se ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia, y se podrá actualizar la lista de paraísos para incluir territorios con baja o nula tributación, que se incorporarían como jurisdicciones no cooperantes.

El anteproyecto incluye la transposición de la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión que inciden directamente en el mercado interior.