Hacienda quiere establecer impuestos sobre el transporte aéreo y los envases de plástico de un solo uso

Respecto al impuesto que gravaría el uso del transporte aéreo, Hacienda expone que, con él, se pretende que no sólo se consiga «internalizar el coste de las externalidades ambientales ocasionadas por la emisión de gases de efecto invernadero» sino además, «fomentar en sus usuarios la utilización de otros modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente». Asimismo, el Gobierno pretende que este instrumento fiscal sirva de incentivo para explorar nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes. Con su implantación, defiende Hacienda, el Estado contará con una recaudación extra que se puede utilizar para reducir la carga de otros impuestos.

El ministerio del que María Jesús Montero es titular también plantea la posibilidad de establecer un gravamen sobre el queroseno utilizado en aviación. Si bien se considera que sería eficaz, «esta medida en el corto plazo resulta inviable para el uso en los vuelos intracomunitarios e internacionales». Ello, debido, por ejemplo, a que de acuerdo con la normativa comunitaria, el queroseno utilizado en navegación aérea que no sea de recreo está exento de tributación y sería necesario formalizar acuerdos bilaterales con cada Estado miembro para poder gravarlo en los vuelos que tengan lugar dentro de la Unión Europea.

En cuanto al impuesto sobre el plástico de un solo uso, el objetivo que busca el gobierno es reducir el número de unidades de estos productos que son puestas en el mercado y, por tanto, la reducción de su consumo, de manera que se reduzca la generación de residuos plásticos, se recorten los costes de gestión de residuos y, en especial, de los que pudieran derivarse de su abandono en el medio ambiente, ya que rara vez se reciclan y tienden a convertirse en basura dispersa. Asimismo, se busca que surjan nuevos modelos de negocio, así como una producción y un consumo más sostenibles, priorizando los productos reutilizables.

El impuesto sobre el plástico requerirá, a sugerencia del Ministerio, de medidas complementarias, tales como la colaboración intersectorial a lo largo de la cadena de valor, la concienciación de los consumidores y la participación de las instituciones públicas.

Frente a otras alternativas como la regulación o los incentivos al desarrollo de otras actividades, Hacienda defiende la mayor eficacia de una medida estrictamente fiscal como es un impuesto tanto en un caso como en el otro: la persistencia en el tiempo del tributo convierte en permanente el incentivo de utilizar medios de transporte menos contaminantes o de realizar una producción y utilización razonable de los envases de plástico de un solo uso, puesto que la cantidad a pagar por un viaje o por un producto está relacionado directamente con los hábitos de utilización; mientras que en el caso de las regulaciones, el incentivo desaparece una vez alcanzados los umbrales o los requisitos fijados por la normativa.

Hacienda argumenta que España tiene el quinto porcentaje más bajo de la Unión Europea en ingresos por impuestos medioambientales, con un 1,83% del PIB, frente a la media comunitaria, situada en el 2,40%.