Hacienda se compromete a tener un primer esqueleto del sistema de financiación autonómica en otoño

La ministra Montero, en la primera comisión de Hacienda de la legislatura celebrada este jueves, argumentó que existe «unanimidad» respecto a que el modelo actual de financiación autonómica es complejo, poco transparente y que lleva a diferencias «injustificadas» entre las diferentes comunidades autónomas, con unas mejor financiadas que otras. Montero consideró, en este sentido, necesario consensuar un nuevo sistema de financiación autonómica que ratifique la igualdad de todos los ciudadanos, «porque quienes aportan son los ciudadanos y no los territorios», aseguró.

Defendió que debe negociarse con los diferentes partidos políticos en el Parlamento y, en paralelo, en el Consejo de Política Fiscal, el foro en el que se sientan el Gobierno con los representantes de las autonomías. El objetivo: alcanzar el «mayor consenso posible».

Pese a esa intención de lograr ese acuerdo, la ministra no ahorró críticas a la Comunidad de Madrid, a la que acusó de «competencia desleal» por bajar los impuestos: «Madrid puede bajar impuestos porque es la capital de España y tiene más recursos que otras regiones», afirmó.

El nuevo modelo de financiación autonómica, expuso Montero, debe favorecer la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. Ello implica que el próximo sistema buscará la reducción de las diferencias de financiación por habitante. Al tiempo, debería hacer posible que se cubran las necesidad de gasto de los servicios públicos transferidos a cada una de las administraciones territoriales y que éstas puedan proveerlos «en condiciones de excelencia», según expuso Montero.

La ministra añadió que el nuevo sistema debe caminar para que la inversión en sanidad, educación y dependencia representen un gasto del 7%, del 5% y del 2% sobre el PIB, por ese orden. De hecho, anunció que se van a crear tres comisiones en el Consejo de Política Fiscal, el foro en el que se sientan el Gobierno central y las comunidades, para tratar estas tres materias con el objetivo de medir el coste efectivo, el gasto y llegar a consensos en cuestiones de eficiencia.

También en materia autonómica, Montero anunció que el Gobierno buscará la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades con el objetivo de que no haya competencia desleal ni prácticas de dumping entre las diferentes regiones, pero sin afectar a la autonomía fiscal. En particular, se ha referido a los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, que son aquéllos en los que existe una mayor variabilidad territorial e introducen unas mayores distorsiones.

Aseguró también que es necesario aportar una mayor seguridad jurídica en sucesiones, en donaciones y en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Esta cuestión no tiene relación con la armonización fiscal, sino con la lucha contra el fraude. Y, con este objetivo, Hacienda trabaja, en colaboración con las comunidades autónomas, en la puesta en marcha de un valor de referencia que será la base imponible de estos tributos.

Junto a ello, Montero anunció que se flexibilizará la regla de gasto para adaptarla al ciclo económico a través de un informe en el que participarán regiones y corporaciones locales y que estará listo este año. Afirmó que éste es un debate prioritario. Y que se abordará a partir de un documento en el que participarán las autonomías y las administraciones locales.

En cuanto a la autonomía financiera de las regiones, Hacienda también avanzará en el diseño de una «hoja de ruta clara» para que puedan salir progresivamente a los mercados.

En lo que se refiere a los Presupuestos Generales del Estado, la ministra Montero afirmó que el proceso hacia su elaboración se ha acelerado para que puedan conseguir el visto bueno de la Cámara antes de que acabe el verano. Asimismo, pidió el apoyo de los grupos para lograr la aprobación de la nueva senda de consolidación fiscal la próxima semana.

Las cuentas públicas de este año, según avanzó la ministra, incorporarán, por primera vez, el análisis de tres ejes transversales: el desarrollo sostenible, el impacto de género y las políticas de infancia, juventud y familia. Ello, para «ayudar a transformar la realidad» y a «monitorizar» los avances en igualdad, medio ambiente e infancia.

A partir del año 2021, con el objetivo de ganar en legitimidad y eficacia, se incluirán las conclusiones evaluadoras de la autoridad fiscal independiente, la AIReF.

En materia impositiva, Montero afirmó que va a continuar trabajando en la «modernización» del sistema fiscal para adoptarlo a un mundo digital, más verde y que no entiende de fronteras.

Se comprometió a recuperar progresividad en el modelo fiscal español y a proteger a las clases medias y trabajadoras, así como a las pequeñas y medianas empresas, y a acabar con la competencia desleal de las grandes compañías, que, afirmó, tributan menos que un pequeño empresario.

Además, abogó por el acercamiento de los niveles de tributación de España a la media del entorno europeo, al igual que en términos de gasto público. «Hay margen para una mejor fiscalidad», defendió Montero. «Somos el quinto país con menos ingresos sobre el PIB» de Europa, afirmó.

En este sentido, apuntó que a lo largo de la legislatura se irá desarrollando una profunda reforma de los ingresos, que se ha iniciado con dos nuevos tributos, el impuesto sobre las transacciones financieras y la figura impositiva que se aplicará sobre las tecnológicas.

También recordó algunas líneas básicas que se aplicarán en materia tributaria, como en Sociedades, con el establecimiento de un tipo mínimo del 15% y del 18% para bancos y el sector de los hidrocarburos; la subida de dos puntos en el IRPF para rentas por encima de los 130.000 euros y de cuatro para quienes ganen más de 300.000 euros (medidas que afectarán, según sus cálculos, a 92.000 contribuyentes, es decir, a un 0,5% del total); y el incremento de cuatro puntos para rentas del capital por encima de los 140.000 euros, que afectará a un 0,1% de quienes presentan la declaración de la renta.

Además, añadió, «nuestro sistema tributario no va a ser ajeno a la concienciación medioambiental». En esta materia, el Gobierno prevé abrir un proceso participativo y consultivo de empresarios, consumidores y grupos de interés, para avanzar hacia una transición medioambiental justa.

En cuanto a la lucha contra el fraude, Montero anticipó que el año pasado cerró con un récord de recaudación, con más de 15.700 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,1% respecto a un año antes.