El Gobierno sitúa en el 2,2% la referencia del déficit autonómico para 2021, del que cubrirá la mitad

Todo ello se acordó en un trámite habitual previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero, en esta ocasión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la reunión de los consejeros autonómicos de Hacienda con el Gobierno central, fue diferente a lo acostumbrado.

Para empezar, no hubo votación, con lo que no se pudo medir el acuerdo o desacuerdo entre los gobiernos autonómicos y el central. Aunque tampoco se produjo el mandato de Hacienda respecto el déficit que, como máximo, se les permite a las comunidades en 2021.

La suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021 implica que para este año se suspende la obligación de cumplir los niveles que se fijaron en la anterior reunión, la de febrero, en los pasos preparatarios de las cuentas públicas de 2020, proceso que acabó abortando el estallido de la pandemia. Y también supone que para 2021 no se fijan objetivos que acatar, sino sólo una tasa de referencia, que el Gobierno ha establecido en el 2,2% del PIB, y que considera que es un nivel que muchas autonomías no van a agotar.

Esta cifra contrasta con las que se establecieron en febrero, cuando se marcó un objetivo de déficit del 0,2% para 2020; del 0,1% para 2021; y la estabilidad presupuestaria para 2022. La pandemia ha hecho que esa senda planeada haya saltado por los aires.

No hay mandato presupuestario. Pero Montero apeló a la responsabilidad de los dirigentes para que el gasto público aporte dinamismo, pero no ponga en cuestión la sostenibilidad financiera.

La ministra de Hacienda explicó que en ese 2,2% que se establece como referencia, no como obligación, para el déficit en 2021, se toma en cuenta el descuadre presupuestario en que habrán incurrido este año las autonomías y que se calcula entre el 0,5% y el 0,6%; a lo que se suma el fondo covid-19 de 16.000 millones de euros; e incluye el 0,2% del PIB, 1.933 millones de euros, en que se cifran los menores recursos con que contarán las autonomías en 2021 por las vías habituales del sistema de financiación en comparación con 2020. Todas esas cantidades suman el 2,2% del PIB que el Gobierno establece como referencia para el déficit de las autonomías en 2021 y, así, avanzar en el diseño de los presupuestos. Además, a partir de ahora, las comunidades tendrán una orientación para elaborar sus propias cuentas públicas.

En total, si en 2020 las comunidades contaron con algo más de 133.000 millones sumando la financiación ordinaria (115.662 millones), el fondo covid y el margen del déficit; en 2021, los recursos totales rebasarán los 140.000 millones (113.729 millones del sistema de financiación; 13.400 millones de la transferencia del Estado que cubre la mitad del déficit estimado para el año que viene; y los otros tantos millones que supone el otro 1,1% de déficit).

Lo que suscitó discrepancias fue el modo en que se repartirán los 13.486 millones. La idea con que acudió Hacienda a la reunión fue con la de distribuir esos recursos según los criterios del modelo de financiación autonómica. Pero hubo consejeros que sugirieron usar los mismos que rigieron el reparto del fondo covid-19 dotado con 16.000 millones (indicadores de incidencia de la pandemia y población, básicamente). Según manifestó Montero, el Gobierno «no tiene inconveniente» en usar esos criterios. A la vista de que alcanzar el consenso en la negociación con las autonomías es difícil, porque cada una aboga por aquel modelo de distribución que más le favorece, para resolver el entuerto, Hacienda negociará con los grupos parlamentarios que son, a la postre, los que tienen que aprobar la fórmula en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo además comunicó a las autonomías que se les concederán 10.000 millones del fondo comunitario REACT: 8.000 en 2021 y 2.000 en 2022. Son recursos que hay que ejecutar en tres años, por lo que hay que programar los proyectos cuanto antes, urgió Montero.

España recibirá de ese fondo un total de 12.400 millones de euros. Los recursos que no vayan a las comunidades autónomas los ejecutará el Estado.