Después de establecer la senda de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas el pasado viernes en el Consejo de Política Fiscal y tras fijar la de las corporaciones locales ayer, el Gobierno ha dado un paso más en el camino de la preparación de los ... Presupuestos Generales del Estado para 2020 con la aprobación en el Consejo de Ministros de la nueva senda de estabilidad presupuestaria para todas las administraciones públicas para el periodo 2020-2023 y el límite de gasto no financiero para el ejercicio en curso, el popularmente conocido como «techo de gasto».
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Respecto a la senda de estabilidad presupuestaria, el Gobierno propone un objetivo de déficit del 1,8% este año, del 1,5% para el próximo ejercicio, del 1,2% para 2022 y por debajo del 1%, en el 0,9%, en 2023.
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Estas cifras contrastan con las anteriormente establecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que en 2017 fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que la senda popular previa «carece del principio de realidad» y aludió a que diversos organismos, nada más presentarse, ya valoraron que se trataba de cifras inasumibles. Montero ha afirmado que los objetivos nuevos son «realistas» y no «venden humo».
Pero los nuevos números del Gobierno también suponen una revisión al alza en términos de déficit respecto a las previsiones anteriores del propio Ejecutivo socialista. Hasta este martes, el Gobierno apuntaba a un déficit del 1,7% para este 2020, del 0,4% en 2021, para alcanzar la estabilidad presupuestaria en 2022.
El déficit del 1,8% estimado para este año se reparte entre la Seguridad Social, que explicará un 1,1%, el 0,5% que se calcula que representará la administración central, y el 0,2% que acordado el pasado viernes con las comunidades autónomas.
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Tal y como avanzó Montero en la rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal del pasado viernes, la mayor parte del esfuerzo en el ajuste presupuestario en los próximos ejercicios recaerá sobre la Administración Central. Si ésta cerró el año 2018 con un déficit del 1,32% el objetivo para 2020 se coloca en el 0,5%; en el caso de las comunidades autónomas, si su desequilibrio presupuestario era de un 0,28% en 2018, la meta para este año se sitúa en el -0,20% sobre el PIB; y respecto a la Seguridad Social, se espera que en estos dos años su déficit se reduzca desde el 1,44% hasta el 1,10%.
El déficit de la Seguridad Social representa el grueso del déficit de las Administraciones Públicas. Respecto a éste, el Gobierno prevé que el Estado pueda asumirlo en parte durante esta legislatura, ya que, según ha apuntado Montero, algunos de sus gastos son más propios de los Presupuestos Generales del Estado que del sistema de pensiones. Aunque la ministra no ha cuantificado qué importe o qué volumen puede pasar de la Seguridad Social a la Administración Central.
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En cuanto a la deuda pública, el compromiso adquirido por el Gobierno es que este año cierre por debajo del 96% respecto al PIB y que termine la legislatura por debajo del 90%.
Respecto al límite de gasto no financiero o techo de gasto para este ejercicio, el Gobierno lo ha situado en los 127.609 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,8% respecto al presupuesto base del año pasado. Este techo de gasto se someterá a la aprobación del Congreso y del Senado como paso previo al diseño y a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 que el Gobierno quiere tener aprobados antes de que termine el verano.
Este crecimiento del techo de gasto es inferior al planteado para los Presupuestos del año 2019, aquéllos que no salieron adelante. Entonces se previó un incremento del 4,4%. Este ajuste va a implicar, según ha indicado Montero, que se va a tener una menor capacidad de gasto del que se estimaba el ejercicio pasado. Supone, dice Montero, una adaptación a las nuevas circunstancias macroeconómicas, al igual que la nueva senda planteada para el déficit público, ya que se ha revisado a la baja la previsión de crecimiento para este año hasta el 1,6%.
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Pero, de acuerdo con Montero, el techo de gasto es adecuado para el fortalecimiento de las políticas sociales y, al tiempo, para continuar con la senda de estabilidad en línea con los principios de la Unión Europea.
La ministra Montero y la vicepresidenta Nadia Calviño, también presente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, han planteado que el objetivo del Gobierno es reducir el déficit y la deuda de la forma más rápida posible, pero sin poner en riesgo ni el crecimiento económico ni la creación de empleo.
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Respecto a si ha habido acuerdo, o no, con la Unión Europea para fijar estos niveles objetivo de déficit, Calviño afirmó que si bien hay un diálogo constante con las autoridades comunitarias, éstas no se tienen que pronunciar ahora, sino más adelante, una vez los presupuestos estén hechos.
Aunque el Gobierno va avanzando en los pasos previos hacia los Presupuestos, no se prevé que se presenten en el Congreso hasta que se tengan garantías de que van a salir adelante.
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