El Gobierno prepara el camino para la subida del impuesto al diésel

En concreto, el documento presentado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indica que «se revisarán las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante», con lo que también se podrían incluir cambios en la gasolina y el queroseno.

No es la primera vez que el Gobierno hace esta intentona para igualar el precio del diésel al de la gasolina a través de los impuesos. La medida ha sido siempre una de las banderas fiscales del PSOE estando todavía en la oposición. Incluso llegó a incluirse en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Sin embargo, el rechazo del PNV, poniendo en riesgo el apoyo de la formación nacionalista para sacar adelante las cuentas públicas, provocó que el alza impositiva no se incluyera finalmente en la partida de ingresos tributarios.

Ahora, y en pleno análisis de la reforma del sistema por parte del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo ha aprovechado el Plan de Recuperación que dará acceso a los fondos europeos para plantear de nuevo esta posibilidad muy defendida también desde el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.

En el momento en el que la medida se incluyó en el proyecto de Presupuestos, se estimaba que el tipo estatal aplicado sobre este combustible pasaría de 30,7 a 34,5 céntimos por litro (frente a 40,07 céntimos el litro de la gasolina). En un ejercicio llevado a cabo por el propio Ejecutivo, se estimaba que la subida impactaría en unos 3,45 euros al mes para un conductor medio (los que realizan unos 15.000 kilómetros al año), defendiendo que no afectaría a la tributación del gasóleo profesional (transportistas).

Sin embargo, las asociaciones del sector montaron en cólera, al advertir que serían los vehículos de menor tonelada, la mayoría transportistas autónomos, los que acabarían soportando la subida impositiva. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) calcularon entonces que esos transportistas representan casi una tercera parte del total de la flota en España.

En sus anteriores intentos por ajustar la fiscalidad del diésel, el Gobierno ha defendido siempre que el movimiento se enfocaba en equiparar la norma española con los objetivos climáticos demandados por Europa, limitando el uso de este tipo de vehículos que contaminan más. Pero la mejora de la base de ingresos también está detrás de su decisión. De hecho, en el proyecto de Presupuestos se estimó que por este tributo, que finalmente no se puso en marcha, las arcas del Estado ingresarían unos 450 millones de euros.

Así, con la la previsión de que entre en vigor en los próximos meses, es posible que este impuesto al diésel ayude a mejorar los ingresos públicos del área calificada como fiscalidad medioambiental que, según las estimaciones de la AIReF, ha sido presupuestada con unos objetivos demasiado ambiciosos.

En concreto, el Gobierno esperaba recaudar a través de la fiscalidad medioambiental unos 1.545 millones de euros. Sin contar con el impuesto al diésel, esos serían los ingresos por dos figuras tributarias que también se han incluido en el Plan de Recuperación: el impuesto al depósito de residuos en vertedero y a la incineración y el impuesto a los envases de plástico no reutilizables.

Según los cálculos de la AIReF, la recaudación por el nuevo impuesto a los plásticos apenas alcanzará los 98 millones de euros, mientras que el impuesto sobre residuos solo recaudaría 215 millones de euros, frente a los 431 millones estimados a finales de 2020. Y con este telón de fondo, parece que eliminar la bonificación al diésel sería la fórmula idónea para mejorar esas cifras.

En el documento remitido a Bruselas, el Gobierno insiste en desechar el 'afán recaudatorio de este tipo de medidas, defendiendo que su finalidad es contribuir a la sostenibilidad, «protegiendo al medioambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático y atender además a los compromisos asumidos internacionalmente».