El Gobierno fracasa en los objetivos de recaudación con los nuevos impuestos

Además de la subida del IRPF a las rentas altas, el alza del IVA a las bebidas azucaradas o la exención de los dividendos del exterior, el Gobierno estimó en un principio unos ingresos 'extra' de más de 1.800 millones de euros con la llegada de nuevos impuestos como la denominada 'tasa Google', que grava determinados servicios digitales, y el impuesto a las transacciones financieras. Pero el baño de realidad ha sido mayúsculo.

Con los últimos datos actualizados a cierre de noviembre, el Estado apenas ha logrado recaudar 454 millones con estos dos nuevos tributos. Apenas un 25% de esos 1.808 millones esperados en los Presupuestos de 2021.

El propio Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a recalcular sus previsiones para estos gravámenes en el nuevo ejercicio, anticipando que apenas se obtendrán 203 millones por el impuesto digital y 372 millones por la denominada 'tasa Tobin'.

Pero vayamos por partes. España lanzó el impuesto del 3%a determinados servicios digitales –como los ingresos de la publicidad online o la intermediación de plataformas como Airbnb– con la intención de recaudar un total de 958 millones.La cifra se quedó finalmente en 166 millones. «No se recauda porque no había experiencia y por la propia forma de liquidación del impuesto», explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

El mismo Gobierno, en respuesta a una pregunta escrita del grupo parlamentario VOX en el Congreso, reconoció recientemente esos errores de cálculo justificándose en que, además, «las estimaciones se hicieron antes de la pandemia, lo que repercute en el número de contribuyentes comprendidos en los umbrales del impuesto (750 millones para la cifra de negocios global y tres millones para la prestación de servicios digitales)».

Los expertos recuerdan que «este impuesto nació con la vocación de mandar un mensaje político a nivel europeo para avanzar hacia un acuerdo multinacional, pero al final solo afecta a ciertas actividades».

Es decir, no se puede controlar del todo la ingeniería financiera que emplean las grandes tecnológicas para pagar sus impuestos, que era la idea inicial.

Para ello, habrá que esperar a la entrada en vigor del nuevo tipo mínimo de Sociedades del 15% acordado en el marco de la OCDE y que afectará a todas las grandes empresas, no solo las tecnológicas. «Para entonces, la 'tasa Google' española desaparecerá», recuerdan desde Gestha, por lo que no esperan novedades en este punto en la reforma que se avecina. Sí lo hacen, sin embargo, con el impuesto a las transacciones financieras, que actualmente grava con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.

A cierre de noviembre apenas había recaudado 288 millones frente a los 850 estimados. «En este caso, no se trata de una mala previsión, sino de su coincidencia con el impacto de la pandemia en el mercado», explica Mollinedo.

Desde el Ejecutivo también defienden que los cálculos iniciales se hicieron con datos de cierre de 2017. Y desde aquel momento el efectivo negociado en la Bolsa española ha caído más de un 47% y el número de empresas con la capitalización límite también ha descendido un 17%.

Esto evidencia que, además de fallar en los objetivos de recaudación, este impuesto podría haber provocado que muchos operadores hayan pasado sus negociaciones desde los mercados regulados en los que la tasa es efectiva hacia plataformas alternativas como los denominados OTC (Over the Counter), donde las partes negocian las operaciones de forma directa y el impuesto no es aplicable.

Por eso, los expertos esperan alguna modificación en la reforma más encaminada a evitar la especulación. «Hay millones de euros que se negocian en estos mercados no regulados», indican.

Fuentes del mercado apuntan a que Bruselas debate aún la posibilidad de una nueva tasa de una centésima porcentual para este tipo de operaciones, que se adoptaría en todos los países miembros a partir de 2024.

En España, y de cara a la futura reforma, creen que el Gobierno podría optar por una extensión del impuesto a figuras que ahora no están gravadas, como los derivados financieros y las operaciones intradía.

Otra posibilidad, aunque menos factible e innecesaria según los expertos, sería rebajar el nivel de capitalización límite (para que afecte a un mayor número de cotizadas) o subir el impuesto.

Así lo hizo Francia al elevar del 0,1% al 0,3% su propia 'tasa Tobin'. Italia también la subió del 0,12% al 0,2% para las empresas con un valor en Bolsa superior a los 500 millones en tiempos del primer ministro Mario Monti, en plena crisis de la deuda soberana.

Además del fracaso recaudatorio de estas dos nuevas figuras, el Gobierno también ha incumplido con algunos compromisos fiscales adoptados con Bruselas en torno a los nuevos impuestos medioambientales. Un camino en el que el Ministerio de Hacienda había puesto especial énfasis para cumplir con el componente 28 del Plan de Recuperación, el de la «adaptación del sistema impositivo del siglo XXI».

Pues bien. El impuesto al plástico no reutilizable que gravará con 0,45 euros cada kilo de este material no será efectivo en el primer semestre de 2022, como estaba comprometido. No llegará, como pronto, hasta el 1 de enero de 2023. La previsión de recaudación por este tributo era de 724 millones de euros al año que este 2022 ya no obtendrán.