El Gobierno aprueba el fondo autonómico no reembolsable de 16.000 millones

Según manifestó Montero, el fondo supone un «balón de oxígeno real» para que las autonomías puedan hacer frente a sus necesidades y sean capaces de pagar «en tiempo y forma» a los proveedores.

El reparto se ha realizado, según ha expresado Montero, después de escuchar a las autonomías y también a los diferentes grupos parlamentarios. De esta manera, de los 16.000 millones de euros, se destinarán 9.000 millones de euros al sistema sanitario, otros 2.000 mllones a la educación y 5.000 millones a compensar la caída de ingresos tributarios de las comunidades autónomas. El objetivo, ha asegurado Montero, es garantizar la prestación de los servicios públicos, independientemente de la administración que sea la encargada de hacerlo y entra dentro del «compromiso del Gobierno con la igualdad» de todos los españoles, al margen de dónde residan.

El fondo de 9.000 millones de euros dedicado a reforzar el sistema sanitario se repartirá en dos tramos, uno de 6.000 millones de euros, que se distribuirá en julio, y otro dotado con 3.000 millones de euros, que se repartirá en noviembre. Para la distribución del primer tramo entre las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla, se ha tenido en cuenta la población protegida equivalente, que pondera en un 35%; los ingresos en las unidades de cuidados intensivos durante la pandemia (30%), las hospitalizaciones (25%) y el total de las pruebas de PCR efectuadas (10%).

Para el reparto de los 3.000 millones en noviembre, la población protegida equivalente gana en ponderación (45%), a costa de los ingresos UCI (25%) y las hospitalizaciones (20%). Las pruebas PCR realizadas seguirán pesando un 10%.

Con respecto al reparto de los 2.000 millones de euros para reforzar los sistemas educativos, se tendrá en cuenta la población entre los 0 y los 16 años, según el padrón, lo que ponderará un 80% en el reparto; mientras que la población de entre 17 y 24 años que recoja el padrón pesará un 20%. Su distribución tendrá lugar en septiembre.

Los 5.000 millones de euros restantes se repartirán en el mes de diciembre entre las comunidades autónomas de régimen común, por lo que Navarra y País Vasco quedan excluidos. De ese volumen, 4.200 millones de euros se dedicarán a compensar los impuestos cedidos no sujetos a liquidación. Se tendrán en cuenta tanto la población ajustada (40%) como los ingresos medios de cada comunidad por, en particular, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto de matriculaciones y los tributos sobre el juego (60%).

Los 800 millones de euros restantes se destinarán a compensar la reducción de los ingresos por el transporte regular de viajeros interurbanos; el metro, tranvía o tren de titularidad autonómica; los consorcios de transporte de Madrid y Barcelona; y las líneas interurbanas de autobús de Canarias.

Este reparto responde a la modificación anunciada por el presidente Pedro Sánchez el domingo, 7 de junio, a los presidentes autonómicos, respecto al plan primigenio del ministerio de Hacienda, para aumentar la ponderación de la población sobre otros criterios más ligados a la pandemia. De acuerdo con esa modificación, desaparecen los 1.000 millones de euros que iban a ir destinados a los servicios sociales autonómicos y, a cambio, se tomaba la decisión de inyectar con 2.000 millones los diferentes sistemas educativos autonómicos.

La primera lectura situó a Andalucía y a la Comunidad Valenciana como las principales beneficiadas por el cambio en el reparto, al pesar más la población. Sin embargo, en otras autonomías, sin embargo, como Castillla y León, Castilla-La Mancha o Aragón, los nuevos criterios fueron peor acogidos, debido a que si bien cuentan con poblaciones más magras, en términos porcentuales, la pandemia consideran que les ha afectado más.

Pero los criterios de reparto, de acuerdo con lo expresado por Montero, garantizarán que las regiones más afectadas por la pandemia serán las que más dinero reciban de la administración central.

Por el momento, no se conoce el desglose completo de los recursos que irán a cada comunidad. Especialmente para el capítulo sanitario se han fijado fechas de evaluación que determinarán su cálculo definitivo. Las partidas que corresponderán a cada autonomía se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

El decreto ley, según ha apuntado María Jesús Montero, abre la puerta además a que las autonomías puedan emplear el superávit presupuestario de 2019.

Tras el consejo de ministros en que se aprobó el fondo, Andalucía manifestó su disconformidad porque los criterios poblacionales aún no pesan lo suficiente: según sus cálculos, recibirá un 13%del total del fondo, cuando representa el 18% del total de la población de España. Y se quejó de la prima que reciben Cataluña o Madrid.

Las cifras que irán a cada autonomía no han trascendido porque aún no están cerradas: así, el segundo tramo de 3.000 millones se calculará con las variables sanitarias a 31 de octubre.

Una de las críticas más duras llegó del Gobierno Vasco, que manifestó su «rotunda disconformidad», dado su «planteamiento unitaleral» y la exclusión «arbitraria» de Euskadi del cuarto tramo. De ahí que reclamara la celebración de la comisión mixta del Concierto para acordar bilateralmente el reparto y reconducir esta «flagrante vulneración» de la Ley de Metodología de determinación del Cupo».

En una cuestión en la que se han roto las fidelidades partidarias, el gobierno liberal-conservador de Madrid se felicitó por la aprobación del fondo y sólo se quejó de su tardanza.