La economía sumergida en España alcanza los 168.000 millones

Además, el estudio del Consejo de Economistas parte de la base de que no toda la economía sumergida equivale a fraude fiscal, puesto que sólo debería tributar una parte de esa actividad no declarada que en España sería de 102.000 millones. En este sentido, el Consejo de Economistas estima que debería soportar un gravamen medio del 25%.

Esto es lo que da lugar a los 25.648 millones de fraude. Es decir, lo que las arcas públicas dejan de recaudar por la economía sumergida. Una cifra que uno de los responsables del estudio, Jesús Quintas, considera "más realista" que otras más elevadas aportadas por otros estudios que no delimitan claramente la diferencia entre economía sumergida y fraude. Asimismo, Quintas explica que el porcentaje de fraude es similar al de otros países como Alemania o Dinamarca.

El informe realiza hasta 20 propuestas para luchar contra la economía sumergida. Entre ellas intentar educar y concienciar a la población en el cumplimiento tributario. También mejorar la forma de trabajar de las Agencias tributarias perfeccionando la explotación de la información. Además, apuestan por aumentar las actuaciones preventivas, por ejemplo, en el envío de cartas informativas a contribuyentes con cierto tipo de ingresos.

También abogan por potenciar la utilización de medios de pago electrónicos que facilitan el control de operaciones y realizar un seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes regularizaciones. Profundizar en la cooperación internacional mediante el intercambio de información. Asimismo, se muestran partidarios de "facilitar la regularización tributaria por los contribuyentes" con unos costes sensiblemente inferiores a los de la regularización por la administración.

"Hay un problema de conciencia fiscal", ha señalado el inspector de Hacienda, Jesús Gascón. En este sentido, ha recordado que un 20% de contribuyentes consideran justificado el fraude en ciertas ocasiones. "Cuanto más rigurosas sean las administraciones públicas en la gestión de los recursos más aceptados serán los impuestos por los ciudadanos", ha explicado.