Drones para hallar piscinas y obras ilegales en mil municipios españoles

La decisión de utilizar nueva tecnología como estos objetos voladores para luchar contra el fraude la tomó en 2013 el equipo de Cristóbal Montoro, bajo el Gobierno del PP. Desde entonces se han encontrado a través de fotos aéreas más de tres millones de inmuebles con construcciones que no tenían los permisos necesarios de los casi 77 millones de propiedades inspeccionadas hasta la fecha, según los datos recabados en la Dirección General del Catastro. Este volumen de construcciones sin declarar demuestra un índice de fraude del 4% de media en toda España, aunque hay regiones cuyos ciudadanos son más proclives a ello que en otras.

Eso sí, en esta ocasión Hacienda no ha publicado en qué municipios se llevará a cabo el registro de los inmuebles, lo que permitiría saber si van a focalizarse más en las zonas donde se demostró que había irregularidades mayores. Entonces fue Baleares en primera posición, seguida de Extremadura y Andalucía.

Desde el Ministerio explican que no hay un listado porque tienen que analizarse primero los datos recopilados en los últimos cinco años. Estudiarán toda la información y luego verán que municipios tienen que volver a someterse a este plan, en muchas ocasiones a solicitud de los propios ayuntamientos.

Así, el equipo de la ministra María Jesús Montero toma el relevo del anterior gabinete de Hacienda y trabajará con este sistema para detectar el fraude. Al ser la primera vez, han presupuestado 1.000 municipios de análisis, según las cuentas incluidas en los Presupuestos, lo que supone un 13% del total, un número ligeramente inferior a lo que hizo el PP con el análisis de 1.272 localidades en 2017 y 2018. Pero Hacienda explica que ese millar es un número estimado tomando como referencia lo que se ha hecho en los últimos años, pero «no significa que vaya a ser exactamente ese número». A favor del plan de Montero cuenta, a priori, que este año se dedicará un número mayor de efectivos que el pasado, en total 1.474 personas, 88 más que en 2018.

«El plan de trabajos previsto tiene por finalidad garantizar la concordancia entre la descripción catastral y la realidad inmobiliaria de los municipios gestionados por el Catastro», señala el texto. Y esos territorios son todos menos País Vasco y Navarra, que como comunidades forales quedan fuera del análisis de Hacienda.

Lo más encontrado por Hacienda en sus registros son construcciones no declaradas, ampliaciones y rehabilitaciones, reformas y piscinas. Baleares fue la comunidad donde se registraron más irregularidades, ya que el 6,5% de los inmuebles inspeccionados tenían alguna irregularidad. Las que menos, Asturias y La Rioja, donde 'solo' fueron el 2% y 2,1%. En cabeza se sitúan también Extremadura (6,3%), Andalucía (6,1%) y Canarias (5,7%).

Hacienda envía un aviso al propietario de la vivienda explicándole la situación y dándole una última oportunidad para pagar el correspondiente impuesto por realización de obra. Y es que hay muchas ocasiones en que el problema ha podido ser más administrativo que fraudulento, pues hay muchos ciudadanos que declaran la nueva construcción a su ayuntamiento pero no al Catastro por falta de información. Pero en caso de confirmarse la multa también afecta a la imputación de rentas en el IRPF, por lo que la siguiente declaración de la renta deberá reflejar el hallazgo.

En cuanto a la legalidad de vuelo de estos drones, Santiago Carmona, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos (COIA), explica a este diario que «no pueden volar libremente», sino que tienen que cumplir todos los requisitos establecidos por ley. Depende si es diurno o nocturno, si se sobrevuela una zona con aglomeración de edificios o un bosque abierto, etc.

Así, el experto explica que en un vuelo de día en una ciudad el dron debería tener un peso máximo de 10 kilos y el viaje se limita al alcance visual del piloto. Además, hay que solicitar permiso a Interior con diez días de antelación y el operador (Hacienda o el servicio que subcontrate) debe presentar en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) el Estudio de Seguridad Aeronáutica. A su vez, el 'comandante' debe estar habilitado por AESA.

Esta lista de requisitos demuestra que no es fácil hacerlo. ¿Cuál es la motivación entonces? Carmona defiende que las inspecciones con drones son «mucho más versátiles» que las fotos obtenidas por satélite, así como que la calidad de imagen es mayor. A nivel de coste no son comparables porque el precio depende mucho de los proveedores.