La demanda de la patronal de suspender impuestos choca con la necesidad del Gobierno de mantener ingresos

Este fin de semana, CEOE y Cepyme, después de que el presidente Pedro Sánchez anticipara una nueva prórroga al estado de alarma, hasta el 26 de abril, instaron al Ejecutivo a que «de manera rápida y eficaz proceda a suspender las obligaciones de pago de impuestos». «Lo que pedimos es que se suspenda el pago de tributos como el IVA, IRPF o las cotizaciones a las Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad», rematan las organizaciones empresariales en un comunicado.

A priori, esta demanda no parece contar con una recepción muy positiva por parte del Ejecutivo. Ante la necesidad de un mayor gasto público derivado de la pandemia, a la vista de la reducción de los ingresos que se prevé para este ejercicio dada la fuerte caída de la actividad económica, lo que ya estaría derivando en un intenso incremento del déficit, desde Moncloa afirman que María José Montero, la titular de Hacienda, defenderá mantener abiertas en lo posible las fuentes de ingresos del Estado, evitando mayores erosiones. Aunque desde Hacienda no cierran del todo la puerta: exponen que aunque ya se ha aprobado un paquete de medidas económicas y sociales muy ambicioso que beneficia en gran parte a autónomos y pymes, admiten que la situación es dinámica y el Gobierno actúa en función de la evolución de la situación. Pero desde el Ministerio de Economía insisten en la idea de que ahora mismo no hay sobre la mesa ideas adicionales en materia impositiva a lo ya realizado.

Lo que hay ya en marcha es una moratoria en el pago de impuestos para pymes y autónomos de hasta seis meses, tres meses sin intereses. Pero sólo es aplicable para las compañías con ingresos inferiores a los seis millones de euros y con un tope máximo de 30.000 euros. Y, en materia de Seguridad Social, también se ha aprobado una moratoria de seis meses para las cuotas de los tres próximos meses para pymes y autónomos, aunque su desarrollo reglamentario aún está pendiente.

Julio López Laborda y Jorge Onrubia, expertos de Fedea, han elaborado un informe sobre las medidas que habría de adoptar el Gobierno ante esta pandemia y, en materia impositiva, afirman, «carece de sentido cualquier medida general de condonación de deudas tributarias o por cotizaciones sociales». Pero añaden que «las obligaciones tributarias y las correspondientes a las cotizaciones sociales deben adecuarse a la capacidad de pago de las empresas y de los trabajadores». Por ello, estos expertos afirman que es necesaria la flexibilización y el ajuste a la capacidad de pago real. En su opinión, «por razones de gestión, sería recomendable diseñar medidas de aplazamiento durante la primera fase de la crisis, bajo contingencias verificables», mientras que en una segunda fase, se podrían abordar «ajustes definitivos en función de los cambios que se hayan producido en la capacidad de pago gravada en cada impuesto».

En particular, lo que apuntan Laborda y Onrubia es que si bien los principales impuestos están diseñados para determinar su carga a partir de mediciones bastante reales de la capacidad de pago, una excepción a esta adecuación la constituyen los regímenes de estimación objetiva de rendimientos aplicados en el IRPF, los módulos, y su equivalente del régimen simplificado del IVA. En este sentido, los expertos de Fedea sugieren que se garantice el cambio automático al régimen de estimación directa, que mide los rendimientos reales derivados de los ingresos y los gastos contabilizados, a petición del contribuyente.

Asimismo, sugieren la redefinición de los mecanismos de ingreso a cuenta de los pagos fraccionados por actividades económicas en el IRPF o los pagos a cuenta en el Impuesto de Sociedades. También el Consejo General de Economistas ha realizado una propuesta a la ministra María Jesús Montero respecto a esta cuestión: abogan por que el contribuyente pueda modificar la opción de cálculo fraccionado al presentar la declaración del primero de ellos. Esta medida, argumentan, permitiría adecuar los pagos fraccionados de 2020 a la base imponible de este ejercicio. De lo contrario, los contribuyentes tendrían que pagar teniendo como referencia la cuota íntegra del ejercicio anterior.

El Consejo General de Economistas (CGE), en una carta abierta a la ministra Montero, sugiere otra medida adicional: la ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones hasta el 1 de junio, salvo que el estado de alarma se extienda hasta después del 3 de mayo, en cuyo caso se ampliaría por los días que excediera de dicha fecha. De esta forma, defienden Valentín Pich y Jesús Sanmartín, expertos de CGE, los contribuyentes que quieran presentar las autoliquidaciones en plazo podrán hacerlo, y si son pymes, conservarán la posibilidad de aplazar su pago seis meses, y hasta 30.000 euros, de manera casi automática. Y, además, el Estado sólo vería diferidos los ingresos del resto de contribuyentes poco más de un mes.

Y si en materia de ingresos desde Fedea abogan por el ajuste de los impuestos a la situación de los actores económicos, en el capítulo del gasto consideran que lo apropiado es «concentrarse en los sectores y colectivos más afectados» y el «mantenimiento de criterios de necesidad». En su opinión, las transferencias generalizadas de renta, es decir, los pagos universales o una renta básica, serían un «despilfarro» en este momento porque irían en parte a quien no las necesita y no ayudarían a estimular la demanda en un momento en el que el consumo se está viendo muy restringido por el cierre de buena parte del comercio y otros servicios. «Las transferencias generalizadas, tipo 'rentas básicas universales', no son un instrumento adecuado para una situación como ésta, pues diluyen el esfuerzo presupuestario para garantizar liquidez entre todos los ciudadanos, sin tener en cuenta si éstos han perdido o no sus ingresos», defienden Onrubia y López Laborda.