El déficit subió hasta el 2,82% en 2019, según Eurostat, frente al 2,64% anticipado por el Gobierno

La nueva cifra de déficit para 2019 se aleja aún más que la primera del objetivo que se había marcado el Ejecutivo para el ejercicio y que se situaba en el 2%.

La del año pasado fue la primera subida del déficit desde el año 2012, ejercicio en la que comenzó la era de la austeridad que inauguró el estallido de la crisis de deuda en la zona euro, para poco después sumarse la recuperación de los ingresos. Entre esa fecha y 2018, el estrechamiento del desequilibrio público pasó de cotas cercanas al 10% hasta el 2,5%. El año pasado rompió la tendencia y, además, se alcanzó el mayor desequilibrio de las cuentas públicas desde el año 2016.

El incremento de las cifras de déficit desde el 2,5% con que cerró 2018 frente al 2,8% de 2019 obedece, de acuerdo con los cálculos de Eurostat, a un incremento del gasto de las Administraciones Públicas, que pasó del 41,7% del PIB al 41,9% de un año para otro, mientras que los ingresos públicos mermaron en el mismo periodo desde una cantidad equivalente al 39,2% del PIB hasta el 39,1%.

Precisamente en esta última rúbrica reside la discrepancia entre Hacienda y Eurostat: el Ejecutivo había estimado ingresos públicos del 39,3% del PIB.

De acuerdo con fuentes de Hacienda la modificación de las cifras que llega desde Bruselas se produce tras el habitual intercambio de información entre las instituciones nacionales y comunitaria. Califican la revisión como dentro de la normalidad. Y se refieren a que, por ejemplo, el año pasado Eurostat revisó a la baja en 0,15 puntos porcentuales el dato del déficit de 2018 que había trasladado Bruselas. La oficina comunitaria también rebajó el déficit de 2015, mientras que lo elevó en 2012 en 0,24 puntos porcentuales.

En esta ocasión, la revisión del déficit calculado por Hacienda del 2,64% hasta el 2,82% de Eurostat, es decir, de 0,19 puntos porcentuales de PIB, se produce, de acuerdo con fuentes de Hacienda, por dos motivos: un cambio de criterio en la forma de contabilizar unos activos fiscales diferidos y por la decisión del Gobierno de agilizar las devoluciones pendientes para inyctar liquidez a las emprseas ante la crisis de la Covid-19.

Respecto a la primera cuestión, si bien las autoridades nacionales imputaron unos activos fiscales diferidos siguiendo el criterio de Eurostat de años anteriores, de acuerdo con el que bastaba una resolución administrativa, por ejemplo de la Agencia Tributaria o del Tribunal Económico Administrativo, para imputar un gasto o un ingreso, ahora la oficina estadística aboga por que hay que esperar a la existencia de una resolución judicial. Porque las decisiones administrativas pueden ser recurridas en los tribuntales.

En cuanto a lo segundo, en la variación del déficit respecto a las cifras de marzo también ha influido, argumenta Hacienda, la decisión del Gobierno de agilizar las devoluciones del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018 que estaban pendientes para inyectar liquidez en las empresas y ayudarles a combatir la pandemia. Esas devoluciones se imputan a las cuentas públicas del año 2019.

Todos estos datos ya dejaban maltrecha la posibilidad de cumplir con la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Ejecutivo y aprobada por las Cámaras hace menos de dos meses y que establecía un objetivo de déficit para 2020 en el 1,8%, para caer al 1,5% en 2021, al 1,2% en 2022, y para situarse en 2023 por debajo del 1%. Pero el estallido de la crisis del coronavirus ha provocado que hayan quedado completamente invalidados tales objetivos. El Gobierno tiene hasta el 30 de abril de plazo para enviar a Bruselas sus nuevos objetivos presupuestarios para el próximo trienio. Como referencia, el Fondo Monetario Internacional calcula que este año el déficit de las Administraciones Públicas podría cerrar en el 9,5%, cifra que el Banco de España lleva hasta el 11% del PIB en el peor de los escenarios que plantea.