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En la jornada en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende el proyecto de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) -think tank ligado a la CEOE- ha presentado un informe valorando el documento y los ... planes del Ejecutivo. Y el análisis no deja bien parado al plan de cuentas públicas. Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE y también de la Comisión de Economía de la CEOE, se ha quejado este miércoles de que el 80% del aumento de los impuestos recaerá en las empresas «con la consiguiente pérdida de competitividad derivada del aumento de sus costes fiscales». Fernández de Mesa se ha mostrado preocupado muy en particular por el impacto del paso del 100% al 95% de la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales que recoge la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo. Ello, según argumenta, «va a ser tremendamente dañino para el proceso de internacionalización de las empresas». Según sus cálculos, ello supone un impuesto adicional, por cada nivel de la cadena de filiales por los que se canalicen los dividendos y las plusvalías, del 1,25%. Se trataría, afirman el IEE y CEOE en su informe, de una tributación en cadena, sobre todo en el caso de estructuras empresariales y corporativas muy complicadas.
Fernández de Mesa también ha argumentado que «muy pocos países de la Unión Europea han limitado la corrección de la doble imposición hasta el 5% en su sistema tributario, lo que provoca que su introducción en España genere una desventaja competitiva a nuestras empresas en relación con las de otros países«. De ahí que la patronal proponga retirar esa medida o, en su defecto, »cuando menos sería necesario moderar el impacto«. Porque, según ha rematado Fernández de Mesa, ésta es »la subida de impuestos más perniciosa desde el punto de vista empresarial«.
Aunque, en realidad, no le gusta ninguna de las subidas de impuestos propuestas por el Ejecutivo en un momento en que, según sus palabras, son «dañinas» para la recuperación económica. En este sentido, Fernández de Mesa ha lamentado que España sea el único país de la Unión Europea que mantiene el impuesto sobre el patrimonio; de que el aumento de los tipos marginales del IRPF supone «una imposición al talento» que provoca que «se mueva fuera del país»; de que el aumento del IVA a las bebidas refrescantes es dañino para el sector de la hostelería; o de que «no es el mejor momento» para subir el gasóleo. Al tiempo, ha añadido el riesgo de deslocalización que se deriva de la puesta en marcha de las Tasas Tobin y Google, que considera que no van a a lograr recaudar más, dada la ineficiencia de estas figuras fiscales.
Fernández de Mesa ha asegurado que el ajuste presupuestario que necesitará España en los próximos años no deberá ser «vía imposición», sino por la vía de los gastos, en los que se ha de buscar eficiencia. Según ha manifestado, «en España hay capacidad de mantener los servicios públicos con un 14% menos de gasto». Con una mayor eficiencia en el gasto, calculan que se podrían ahorrar hasta 58.000 millones de euros.
Con respecto a los planes de inversión del Gobierno en los Presupuestos del año que viene, Fernández de Mesa ha valorado que si bien es necesario un incremento del gasto, «en mucha parte, no está bien focalizado en necesidades concretas y en colectivos vulnerables; es un gasto generalista que se va a convertir en estructural, como el déficit». Ha criticado, en particular, el aumento del salario de los funcionarios y de las pensiones, que tendría que haberse limitado a ciertos colectivos, como en los trabajadores de la sanidad y en las pensiones no contributivas. Asimismo, ha advertido de que la pequeña y la mediana empresa va a necesitar dinero para recapitalizarse: «Necesitamos dinero para mantener el tejido productivo».
En todo caso, como han señalado también otros organismos, el IEE y CEOE opinan que los Presupuestos del Gobierno son «excesivamente optimistas» desde el punto de vista macro y también poco realistas en materia de ingresos. En cuanto a estos últimos, calculan que la recaudación puede ser de entre uno y dos puntos de PIB por debajo de lo previsto por el Ejecutivo (entre 10.000 y 20.000 millones de euros menos). «Estas cuentas carecen de realismo, y eso no es bueno, porque no genera credibilidad ni en los mercados ni en nuestros socios», ha sintetizado Fernández de Mesa, quien ha advertido de las discrepancias entre las previsiones del Ejecutivo y las de Bruselas: por ejemplo, la Comisión Europea prevé un déficit del 9,6% para 2021, casi dos puntos superior al que espera el Gobierno.
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