La AIReF dice que no le preocupa el salto del déficit de 2020, pero anima a pensar ya en la sostenibilidad fiscal de largo plazo

En lo que definitivamente la AIReF es más pesimista que el Gobierno es en la velocidad de la recuperación económica en el año 2021. Así, limita el crecimiento del PIB al 4,6%, cifra que es dos puntos inferior a la previsión del Ejecutivo, que contempla una expansión del 6,8%. Mientras que estima una recuperación del empleo de apenas un 2,6%, frente al repunte del 5,7% que pronostica el equipo económico del Ejecutivo.

La 'V' asimétrica que prevé el Gobierno que dibujará la recesión y, a continuación, la recuperación, en el caso de las previsiones de la AIReF, esa figura es aún más asimétrica. Y, como precisa la institución, si bien el Gobierno estima que a finales de 2021 el PIB habrá recuperado los niveles previos a la crisis, de acuerdo con la AIReF, en ese momento, la riqueza de la economía española será cinco puntos inferior a la del último trimestre del año 2019. La AIReF retrasa la recuperación del PIB perdido a 2022, más bien a la segunda parte de ese año.

La AIReF precisa, sin embargo, que la recuperación podría arrancar, de acuerdo con su primer escenario, a partir del tercer trimestre de este 2020, después de una contracción que entre el primero y el segundo trimestre sería de hasta un 25%.

Para estimar una recuperación más lenta que el Gobierno, la AIReF, como ha expuesto Esther Gordo, directora de la división de análisis económico de la institución, tiene en cuenta factores limitantes de la economía española, tales como la especialización productiva en turismo y restauración, la temporalidad en el empleo, la brecha tecnológica (poca habituación al teletrabajo) y la demografía empresarial, compuesta por muy pequeñas compañías.

En cuanto a las previsiones presupuestarias, que el Gobierno no incluye para el año que viene, puesto que la Unión Europea le ha liberado de hacerlo de momento, la AIReF prevé que el déficit corregirá algo más de dos puntos en 2021, hasta el 7,5%, mientras que la deuda pública se ampliará otros dos puntos, para pasar del 115% al 117% del PIB.

La autoridad fiscal independiente contempla la posibilidad de un escenario más adverso en términos de duración del confinamiento (que vaya más allá del 15 de mayo, que es el que usa como hipótesis el primer escenario, y se produzca un rebrote de la epidemia y haya que efectuar otro confinamiento de otro mes en otoño) y de menor velocidad de la recuperación económica.

En este contexto más pesimista, la caída del PIB en 2020 podría alcanzar el 11,7%, el retroceso del empleo sería de un 12,9%, el déficit se dispararía hasta el 13,8% y la deuda pública, hasta el 122%. Con vistas a 2021, la recuperación del PIB sería de un 5,8%, mientras que la del empleo se limitaría a un 3,1%. El déficit se corregiría hasta el 9,4%, mientras que la deuda se ampliaría hasta el 124% del PIB.

Si la recuperación de la economía se adivina lenta, aún más rezagada será la reducción de la deuda. Las simulaciones de la AIReF indican que, para mantener estable en 2030 el nivel de deuda de 2021, sería necesario realizar un ejercicio de consolidación fiscal similar al realizado en la década pasada. Mientras que costaría otros diez años más, hasta 2040, bajar la deuda al 95% del PIB, incluso con un escenario de equilibrio presupuestario.

En materia fiscal, Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, ha afirmado que, específicamente en materia de deuda, hay que hacer «autocrítica» sobre el nivel de partida, que rondaba el 95% del PIB antes del estallido de la pandemia. Y ha lanzado una serie de recomendaciones al Gobierno para abordar tanto los efectos del coronavirus como el futuro cuando se supere la Covid-19. Así, ha transmitido que si bien no ha de preocupar el salto en términos de déficit que se producirá este año, ya que la prioridad pasa por el sostenimiento de las rentas de los afectados y por evitar la destrucción del tejido productivo, «no hay que olvidar la sostenibilidad fiscal a medio plazo», ha afirmado Herrero.

Si bien ha recomendado la activación de la cláusula de excepcionalidad para hacer frente al coste de corto plazo de la pandemia, ha recordado, asimismo, la necesidad de que el Gobierno presente un plan de reequilibrio presupuestario, en el que se incluyan medidas para alcanzar tal sostenibilidad.

La segunda recomendación de la AIReF al Gobierno es que realice un seguimiento de los pasivos contingentes, es decir, del impacto en las cuentas del Estado de los avales públicos, que aún no contabilizan como déficit, pero que podrían hacerlo.

En tercer lugar, Herrero ha afirmado que también es necesario que el Gobierno envíe a la AIReF el escenario fiscal junto al cuadro macroeconómico y un escenario inercial, que permita un mejor análisis del impacto de las medidas. La autoridad fiscal ha detectado alguna incongruencia en el escenario gubernamental y algún déficit de información.

En términos más precisos, Ignacio Fernández-Huertas, director de la división de análisis presupuestario, ha explicado cómo la ecuación prevista de ingresos y gastos lleva a ese déficit del 10,9% o del 13,8% del PIB, en función de cuál sea el escenario que se haga realidad.

Las medidas adoptadas hasta la fecha, afirma Fernández-Huertas, suponen un incremento del déficit de entre 3,3 y 4,2 puntos. Ello, en términos de volumen, implica una inversión pública de 37.792 millones de euros en el primer escenario y de 46.500 millones en el escenario más adverso. De esa cifra, el grueso (26.745 millones o 31.095 millones, según cuál sea el escenario) lo explican los ERTE y las prestaciones extraordinarias por cese de actividad a los autónomos, junto con la exoneración de cotización a la Seguridad Social de ambos colectivos.

La propia caída de la actividad económica, una vez eliminado el impacto de las medidas, supondrá un incremento del déficit de entre 4,6 y 6 puntos del PIB. El ciclo, por tanto, llevará a una reducción de los recursos públicos que puede ir desde el 5,9% hasta el 9,1% respecto a 2019, mitigada porque los ingresos públicos procedentes de IRPF y Sociedades aguantarán mejor, puesto que este año los contribuyentes declaran los rendimientos del año pasado.

Pero es precisamente en términos de ingresos públicos donde existe una mayor discrepancia entre las previsiones del Gobierno y las de la AIReF: si el primero espera que este año sean por un valor equivalente al 41,2% del PIB, la autoridad fiscal independiente reduce esa cifra hasta el 39,5% o 39,4%.

En cambio, en términos de gasto público, la previsión del Gobierno (51,5% del PIB) se encuentra en el ecuador de los dos escenarios de la AIReF, que oscilan entre el 50,4% y el 53,2% sobre el PIB. Aunque en ninguna de las previsiones se incluye la inversión en el ingreso mínimo vital. Los 3.000 millones de euros que calcula el Gobierno que invertirá en esta materia son congruentes, a ojos de la AIReF, con una prestación que ataque la pobreza severa, que tenga en cuenta al hogar y no al individuo, que sea compatible con el empleo y que sea completada por las comunidades autónomas para evitar duplicidades.

Respecto a cómo se repartirá el déficit por los diferentes subsectores de la Administración, cinco puntos de los 10,9 los explicará la Seguridad Social, y 4,5 el Estado Central, mientras que las comunidades autónomas tendrán un déficit conjunto del 1,5%.

Si bien en el ejercicio 2020, de acuerdo con Fernández-Huertas, la Administración Central absorbe el mayor deterioro de los ingresos fiscales, al no ajustar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas unas previsiones realistas de ingresos y al dotar un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros a estas administraciones, se espera que en los dos ejercicios subsiguientes las autonomías aumentarán su déficit de una manera muy importante, tanto por la caída de las entregas a cuenta como por la liquidación negativa de 2020.