La Autoridad Fiscal constata que el Gobierno incumplirá con el déficit por el aumento del gasto

Para 2020, la Autoridad Fiscal calcula un déficit de las administraciones públicas en torno al -1,7% del PIB, en línea con el plan presupuestario del Gobierno. A pesar de todo, se trata de las previsiones más optimistas entre los organismos: el FMI no espera que el desajuste baje del 2,2% este año, mientras que BBVA Research y Funcas lo sitúan en el 2,3% y 2,4%, respectivamente.

La revisión al alza se debe a que el gasto público ha sido cinco décimas superior a lo esperado (41,6% del PIB), lo que no compensa las cuatro décimas que también han aumentado los ingresos (39,5% del PIB). Ambos datos son una décima superiores a la previsión del Gobierno y considera que la estimación de recaudación del IRPF y el Impuesto de Patrimonio es demasiado optimista.

Además, el informe constata que el plan contempla una reducción «insuficiente» en la ratio de deuda y considera «improbable» la proyección del Gobierno de cerrar el año en el 95,6% del PIB. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas critica además que, tras cinco años de fuerte crecimiento económico y tipos de interés históricamente bajos, la deuda prácticamente no ha disminuido. «Fiarlo todo al crecimiento económico puede llevar a escenarios no sostenibles», aseguran fuentes de la AIReF.

A nivel macroeconómico, considera que el crecimiento del PIB siga siendo «robusto», aunque más moderado que en años anteriores. Así, se proyecta que la variación del PIB se reduzca paulatinamente hacia «tasas mas moderadas» del 2,1% en 2019 y 1,9% en 2020, en línea con las previsiones del Gobierno. El consumo privado seguirá siendo el principal motor de la economía, impulsado por un mercado laboral «dinámico» y unas condiciones crediticias favorables por los bajos tipos de interés.

Además, el informe de la Autoridad Fiscal calcula que la contribución del sector exterior al crecimiento será «ligeramente positiva», debido a la recuperación de las importaciones en 2020. Las exportaciones también se estabilizarán en 2020 por una paulatina recuperación de los mercados por la caída en la intensidad de la guerra comercial.

Sobre la carta enviada por Bruselas a principios de esta semana, fuentes de la AIReF explican que el texto es «exactamente el mismo» que el enviado a Portugal y Bélgica, los otros dos países que tienen gobiernos en funciones y que, por tanto, han mandado a la Comisión un plan presupuestario en el que «no se pueden comprometer a casi nada». Así, aseguran que no les ha sorprendido porque «no hay una singularidad particular» con los datos de España.

A nivel del mercado de trabajo, el organismo presidido por José Luis Escrivá proyecta una suave moderación en la generación de empleo y la continuación de la recuperación de los salarios que se viene observando desde 2017. «Se consolida la desaceleración observada en la variación interanual de las afiliaciones a la Seguridad Social, lo que está en línea con el aumento contenido de los salarios», explica el informe.

Según sus cálculos, la tasa de desempleo se situaría en el 14,1% este año y en el 13,1% en 2020, cuatro y ocho décimas respectivamente por encima de la previsión del Gobierno. Contrariamente a lo anunciado en un principio, la AIReF reconoce que hasta el momento, «no hay evidencias que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) haya tenido un impacto significativo en la capacidad de la economía para generar empleo».

Todo ello teniendo en cuenta, tal y como avisó la ministra de Economía al ser preguntada por la carta de Bruselas, que las estimaciones de la AIReF se hacen sobre un escenario de políticas constantes, es decir, sin nuevas medidas de ingresos y gastos que el Gobierno tomaría una vez elabore unos nuevos Presupuestos Generales, ya que actualmente seguimos con los aprobados por Rajoy en 2018 y prorrogados hasta ahora.

Lo que sí se ha tenido en cuenta es la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida del sueldo de los funcionarios. En este sentido, el organismo advierte de que cree «ajustada» la cuantificación del Gobierno sobre los efectos de estas medidas aunque «tiene dudas» sobre el impacto final, que consideran que dependerá de la «celeridad» con la que se pongan en marcha los cambios normativos.