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La recuperación española es una realidad pero la crisis no se puede dar por cerrada. Así de contundente se muestran los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que han observado como en los últimos meses se ha acelerado el crecimiento, el ... paro ha bajado y los ingresos han aumentado. Pero todo esto no es aún suficiente ya que se mantiene la debilidad en ciertos sectores, que impide dar por cerrada la etapa de la pandemia.
El prestigioso organismo asesor evidencia buenos datos. «Nuestro indicador agregado de empleo asalariado efectivo aumentó en 2,6 puntos entre junio y septiembre de 2021, cerrando el período con un valor de 99,4 que prácticamente nos devuelve a los niveles de 2019. Otros indicadores muestran también un comportamiento positivo», remarcan. Del mismo modo, se pone en valor que el número de trabajadores afectados por ERTE haya caído y se sitúe en la actualidad en 240.000.
De la misma forma, se insiste en que los sectores del turismo, hostelería y entretenimiento y las comunidades insulares, muy dependientes de ellos, «siguen registrando unas tasas de ocupación efectiva entre un 10% y un 20%». Es decir, están aún debajo de los niveles previos a la pandemia.
Fedea pone encima de la mesa una cuestión complicada, el agotamiento de las medidas que sirvieron para salvar muchos negocios. Sus analistas consideran que tanto los ERTE como las ayudas directas ya no dan los resultados previstos y proponen recortarlas conforme pase el tiempo. Algo que busca no perpetuar las llamadas empresas 'zombie', que subsisten gracias a las mismas y que cerrarán una vez decaigan.
Los expertos también exponen sus preocupaciones en diferentes temas que atañen al Gobierno. El más destacado es la futura ley de vivienda que ofrece a las autonomías la posibilidad regular el precio del alquiler en zonas tensionadas y que consideran que agravará «problemas ya existentes de escasez de vivienda de alquiler, desincentivando la inversión privada en el sector». Tampoco termina de agradar la política de pensiones, que apuntan que «no contribuye precisamente a la sostenibilidad del sistema». Por otro lado, sí aplauden las reformas previstas en materia concursal y de evaluación de políticas públicas.
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