Europa reabre el debate sobre la tasa verde a la aviación comercial

Holanda lo planteó el pasado 12 de febrero en la reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin). Y Bélgica lo ha hecho este martes en el encuentro de ministros de Medio Ambiente celebrado en Bruselas. Sobre la mesa varios guarismos: el 2,5% de las emisiones de CO2 procede de la aviación y se estima en más de un 60% el potencial incremento de su impacto en los próximos años. Hay otras perspectivas menos conservadoras. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (PICC en sus siglas en inglés), organismo de Naciones Unidas, habla de que ya hoy el transporte aéreo es responsable del 4,9% del CO2 y otros gases de efecto invernadero (como el óxido de nitrógeno) que cargan la atmósfera.

Teniendo en cuenta el compromiso de la UE para frenar el calentamiento global, Holanda y Bélgica creen que ha llegado el momento de acabar con una exención fiscal al queroseno que data de 1944, cuando la prioridad era fomentar la aviación civil y las conexiones internacionales. Pero ambos quieren una longitud de onda comunitaria. Porque solos, dadas sus dimensiones, serían vulnerables a las estrategias comerciales de gigantes del 'low cost' como Ryanair, que buscarían aeropuertos menos costosos.

El tamaño físico de cada Estado es también el problema de base que complica el acuerdo. La actividad aérea de Holanda o Bélgica nada tiene que ver con la de Francia, Italia, Reino Unido o la propia España, referencia mundial del turismo y el cuarto país europeo con mayor gestión de vuelos, más de dos millones el último año. La repercusión de cualquier gravamen extra tendría, en definitiva, una incidencia muy desigual en cada sector nacional.

Por eso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abogado este lunes en Bruselas por la prudencia. «Estas propuestas son interesantes y legítimas, pero hay que realizar una evaluación sobre si (la tasa europea) es el mejor mecanismo y, si lo es, hasta dónde y cómo se puede aplicar». Su Gobierno trabajaba a finales del pasado año en otra estrategia: la imposición de una cuota verde progresiva de combustibles biodegradables que vaya comiendo terreno al queroseno. Un camino que ya están recorriendo las compañías desde hace más de dos años, bajo el criterio de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), pero a su ritmo.

En 2003 una directiva europea permitió abrir el camino a que los Estados aplicasen a título particular un impuesto al queroseno, pero solo en sus vuelos nacionales y, en el caso de los internacionales, mediante acuerdos bilaterales. Algunos ya lo hicieron, como Francia, Italia, Alemania, Suecia o Austria. Y otros, como Holanda, lo ensayaron para eliminarlo posteriormente. Hoy quieren recuperarlo. Pero en condiciones de igualdad.

Y Bélgica lo suscribe. Su ministro Jean-Luc Crucke ha insistido en los últimos días en la necesidad de fijar «un precio justo y correcto» a los vuelos porque otros medios «más respetuosos con el medio ambiente» (pone como ejemplo el ferrocarril) tienen un mayor gravamen. Una distorsión en el mercado, a juicio de esta delegación, que se traduce en vuelos con un coste similar e incluso más asequible al que ofertan, por ejemplo, trenes de alta velocidad con conexiones directas entre capitales internacionales.

La tasa al queroseno generaría, según sus defensores, importantes ingresos a las arcas públicas. Según la ONG Transport & Environment, citada por el diario belga Le Soir, un impuesto de 0,33 centavos de dólar por litro en las conexiones intraeuropeas repercutiría en 9.500 millones de euros adicionales. El problema es que las compañías lo acabarían repercutiendo en los viajeros en un grado indeterminado. El límite quedaría supeditado a la competencia en el mercado. Por lo que la otra fórmula que se baraja en Bruselas a instancias de Holanda y Bélgica es la de una subida controlada mediante un tipo unificado del IVA en el billete para todas las operaciones entre los Estados del club.

Hoy es una medida discrecional y varia según cada socio. En España, los vuelos desde y hacia otro país están exentos, pero los nacionales tributan al 10%. Es parte del coste de un billete que también repercute las fluctuaciones de costes de los combustibles, seguridad, primas de seguro y tasas aeroportuarias.