La Eurocámara acuerda la reforma del mercado del carbono, punto clave del plan climático

En la actualidad, los sectores más contaminantes se ven obligados a comprar certificados que ponen precio a las emisiones de carbono que generan. Este sistema, denominado mercado de emisiones, lleva en marcha desde 2005, pero con el voto favorable de la Eurocámara, se enfrenta a una gran reforma.

Un acuerdo entre el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los Verdes permitió este miércoles establecer una reducción gradual de las asignaciones gratuitas hasta que desaparezcan totalmente en 2032. Estos permisos eximen a ciertas plantas de pagar por el CO2 emitido para poder invertir el dinero ahorrado en la introducción y desarrollo de tecnologías limpias. Solo en España, más de 700 instalaciones industriales se benefician de un promedio anual de 47,6 millones de derechos de emisión.

El plan aprobado finalmente en Bruselas es más ambicioso que el que votó la Eurocámara hace dos semanas. Los socialistas rechazaron entonces la propuesta, ante varias enmiendas del grupo de los populares y los liberales, que querían prohibir los permisos dos años más tarde y mantenerlos para las industrias del acero y el cemento.

En paralelo, los eurodiputados acordaron este miércoles la creación de un mecanismo para imponer aranceles a aquellos productos provenientes de terceros países y cuya producción genera grandes cantidades de emisiones. Así, los productores europeos podrán competir con aquellos de fuera de la UE en igualdad de condiciones y se incentivará la transición hacia energías más limpias.

Por su parte, la Comisión Europea presentó este miércoles una iniciativa para reducir el uso de pesticidas químicos a la mitad para 2030 y otra para restaurar los ecosistemas comunitarios dañados, desde los bosques a las tierras de cultivos o los ecosistemas marinos.

Según indicó el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, el objetivo no es otro que «restaurar el 80% de los ecosistemas que están dañados», una propuesta que no implica la creación de más áreas protegidas, sino que «va de la mano de las actividades económicas».

En cuanto a los pesticidas, Bruselas quiere endurecer las reglas para reducir su uso y crear un sistema alimentario sostenible. Según esta propuesta, los agricultores deberán usar métodos alternativos a los pesticidas y recibirán para ello una compensación incluida dentro de las ayudas de la Política Agraria Común. Con todo, cada país deberá establecer sus reglas específicas.