El Estado ahorra 16.000 millones a las comunidades desde 2010

El corte para el Estado de estos préstamos asciende a 15.898 millones de euros desde 2010, debido al impacto que han tenido los instrumentos extraordinarios de financiación para el Estado sobre todo en los años de salida de la crisis. Por ejemplo, mientras que en 2010 el coste total para las arcas públicas de estos préstamos era de 272 millones, en el año 2015 ya ascendía a 2.408 millones y tocó su máximo en 2016 con un gasto total anual de 3.162 millones. El año pasado la cifra se redujo ligeramente hasta los 2.437 millones de euros.

Por comunidades, Cataluña (4.066 millones), Andalucía (3.183 millones) y Comunidad Valenciana (2.689 millones) son las que suponen un mayor coste para el Estado al ser las más beneficiadas por los préstamos. Las que menos, La Rioja (79 millones), Cantabria (255 millones) y Asturias (330 millones). En este sentido, Fedea subraya que los casi 16.000 millones acumulados desde 2010 es una cantidad «importante» que habría de tenerse en cuenta a la hora de valorar la financiación relativa y total de las distintas comunidades autónomas.

Entre los principales mecanismos adicionales de financiación (MAF) que se crearon por el Estado a raíz de la crisis para facilitar la liquidez a las comunidades autónomas, destacan el plan de pago a proveedores, los aplazamientos de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica (SFA) y los fondos de liquidez autonómicas (el FLA).

El análisis indica que las ayudas benefician especialmente a la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Cantabria, que son las comunidades que han acumulado un mayor volumen de deuda con el Estado en relación a su población. Por su parte, Galicia, Castilla y León y La Rioja pierden en torno a dos puntos de financiación relativa debido a la escasa cuantía de las ayudas que reciben.

El impacto de las ayudas a las comunidades a través de bonificaciones de intereses es «significativo», especialmente en algunas comunidades. Aunque con ciertos altibajos, su importe total ha ido aumentado con el tiempo hasta situarse en años recientes por encima del 2% de la financiación total a competencias homogéneas proporcionada por el sistema de financiación autonómica, o de los 50 euros por habitante ajustado, explican desde Fedea.

Las ayudas benefician especialmente a la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla la Mancha, Baleares, Murcia y Cantabria, que son las regiones que han acumulado un mayor volumen de deuda con el Estado en relación a su población. Este efecto se acentúa, especialmente en Cataluña y Valencia, donde el año pasado la primera debía aún casi 58.400 millones al Ministerio dirigido por María Jesús Montero y la segunda casi 39.000 millones. Las que menos endeudadas están son La Rioja (solo debe 542 millones) y Madrid (unos 1.600 millones).

Con datos de 2016, Comunidad Valenciana y Cataluña ganan 2,8 y 2,5 puntos respectivamente de financiación relativa con las bonificaciones a los intereses, una cifra que «aumenta muy significativamente si se utiliza la estimación de las ayudas en base al ahorro de las comunidades autónomas», explican desde Fedea. Por su parte, Madrid, Galicia, Castilla y León y La Rioja pierden en torno a dos puntos de financiación relativa debido a «la escasa cuantía de las ayudas que reciben».

Desde el gabinete de estudios explican que para el cálculo del componente fijo del coste estatal de dichos préstamos se utiliza los datos de devolución de cada comunidad aplicando un tercio del saldo vivo para cada año y región. Sumando los componentes del coste directo para el Estado y restando los intereses realmente pagados por las comunidades autónomas a los MAF, se obtiene el coste neto para las arcas públicas. «Como cabría esperar, el coste directo para el Estado es muy inferior a los ahorros para las comunidades, aunque la diferencia previsiblemente refleja el encarecimiento del resto de las emisiones de deuda estatal», aseguran.