España y Portugal solicitan oficialmente la extensión de la excepción ibérica

Lisboa y Madrid esperan lograr el visto bueno de Bruselas para mantener el tope de entre 45 y 50 euros por megavatio hora (MWh) con el que cuentan actualmente y que ha permitido abaratar la factura de hogares y empresas en 4.577 millones de euros, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica.

En el encuentro, a puerta cerrada, las tres partes han repasado el funcionamiento de este mecanismo y ahora la propuesta está en manos de los equipos técnicos. Aunque aún se desconoce la fecha del próximo encuentro, queda pendiente la fijación de precios y las condiciones en las que se daría esta prórroga. Por el momento, las señales que llegan desde Bruselas son «constructivas» e invitan al «optimismo».

La excepción ibérica entró en vigor en junio de 2022, después de recibir el visto bueno de los Veintisiete, que tuvieron en cuenta las particularidades de la península ibérica como isla energética. Desde entonces, España ha defendido que se trata de una iniciativa «de éxito» y otros países como Italia y Grecia la quieren imitar.