España, pendiente del 'sí' definitivo de Bruselas para evitar implantar los peajes

Lo que ha hecho España es solicitar a la UE un cambio en el compromiso adquirido en su momento con Bruselas para recibir los fondos europeos a cambio de aplicar un sistema de peajes en todas las autovías españolas. Es decir, el Ejecutivo ha revisado parte de ese plan, tal y como indican fuentes de la Comisión. «Hay un trabajo constructivo sobre el que se ha progresado mucho», explican esas fuentes. Esperan liquidar la cuestión «lo antes posible», insisten. Pero nada está cerrado al 100% aún.

La ministra del Transportes, Raquel Sánchez, ya había mostrado en declaraciones a los medios en Bruselas esta misma semana que el Ejecutivo está negociando con la Comisión este asunto. Fuentes del departamento aclaran que Bruselas «está analizando nuestro planteamiento y hay una visión compartida que nos permite ser optimistas«, lo que supone un avance. »Pero aún no tenemos una respuesta oficial de la Comisión», admiten esas mismas fuentes.

Lo que ha negociado España ante la Unión Europea para evitar la implantación de los peajes pasaría, entre otras medidas, por el desarrollo del transporte de mercancías a través de la red de ferrocarril o el impulso del transporte público. Se materializaría a través de una ley que el Congreso debería aprobar a lo largo de 2024. Se trata de una opción medioambientalmente mucho mejor vista por Bruselas y evita el impacto económico y social que tendría el pago por el uso de las autovías en España, un país poco acostumbrado en la mayor parte de las comunidades autónomas a utilizar los peajes, más aún después de que en los últimos años se hayan retirado algunos de los históricos, como los de la autovía de Burgos o la autovía de Cádiz, entre otras.

La posibilidad de pagar por el uso de las autovías volvió a colarse en la campaña electoral del 23-J después de que la Comisión Europea corrigiera de plano la posición del Gobierno sobre este asunto, tras desdecirse la ministra de Transportes de lo que declaró previamente. Bruselas confirmó lo que distintas voces fuera del Ejecutivo venían advirtiendo, esto es, que el Plan de Recuperación español incluye una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte y el compromiso de introducir esos pagos.

La portavoz económica del Ejecutivo comunitario, Veerle Nuyts, indicó ante los periodistas que entienden que el plan presentado por España «se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024, en línea con el principio de 'quien contamina, paga'».

En realidad, la polémica medida figura en el plan que fue aprobado tanto por Bruselas como por los Estados miembros. Dicho compromiso está ligado, en concreto, al desembolso del quinto tramo de los fondos, que asciende a más de 8.000 millones de euros.

Ese texto establece que «es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera, como sucede en el resto de infraestructuras». El objetivo es estrechar el agujero de mantener los 26.466 kilómetros de carreteras –12.000 de ellos de alta capacidad– con 20.000 millones de euros al año.

En cualquier caso, la portavoz comunitaria rehusó confirmar en julio si la UE obligará a aplicar la medida desde el 1 de enero de 2024. En concreto, aclaró que la Comisión evaluará junto al Ejecutivo de Madrid dicha medida «cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy».

Esa es la idea a la que se aferraba el Gobierno para tratar de salir del jardín en el que se metió, empezando por el propio presidente, al negar en la campaña electoral que hubieran comprometido con Bruselas los peajes. De hecho, Pedro Sánchez insistió en que los peajes son «un bulo» de PP y VOX para azuzar la contienda electoral pese a las declaraciones de la portavoz comunitaria.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, hablaba de «desmentido categórico», aunque desde su departamento reconocen que se «está hablando con Europa para redefinir ese hito» y dicen que todas las opciones están abiertas, incluido aplazarlo, eliminarlo o modificar el sistema de peajes inicialmente propuesto.

Señalan que aunque en 2021 sí se incluyó en el plan, en 2022 el Gobierno no volvió a hacerlo en el anteproyecto de la Ley de Transporte Sostenible cuando fue remitida al Congreso, en vista de la subida de precios de los combustibles que afectó a los conductores por la guerra en Ucrania.