España y Bruselas pactan las reformas para acceder a los fondos

«Hitos y calendario». Esos eran los flecos que la Comisión Europea reclamaba concretar tanto a España como a otros países. Y en esas estamos. La responsable de Trabajo, en una comparecencia previa a su encuentro con el comisario letón, confirmaba que las reformas que viene exigiendo Bruselas desde hace años y que tendrán que acometerse sí o sí para que el país se beneficie de los 140.000 millones de euros de fondos europeos (entre subsidios directos y créditos blandos), ya tienen un calendario concreto. «Cada ministerio ha fijado un plazo».

Y el suyo, responsable de acometer la reforma del mercado de trabajo tendría que poner en marcha las medidas necesarias «antes del 31 de diciembre de 2021. Ya estamos en ello, aunque aún tenemos mucha tarea por delante», añadía. La de las pensiones -Bruselas remarca desde hace años que tiene dudas sobre su sostenibilidad futura- tendría de margen el primer semestre de 2022.

Sobre la mesa, iniciativas en negociación con los agentes sociales para prorrogar la edad de jubilación o penalizar de algún modo las salidas anticipadas. Y la tercera reforma estructural de calado, la que tiene que ver con los impuestos -conseguir el equilibrio entre una recaudación aún baja para Bruselas en relación con los gastos-, se demoraría hasta al menos el segundo tramo del próximo año cuando se entiende que estará consolidada la salida de la crisis pandémica. Aunque las últimas previsiones económicas de Bruselas auguraban que el desplome del PIB desde el estallido de la crisis no se neutralizará hasta 2023.

En lo que se refiere al mercado de trabajo, Díaz subrayó que la Comisión conoce «pormenorizadamente» las reformas que se van a plantear. Están relacionadas con un «déficit estructural» que se lastra desde hace décadas (36 años concretó Díaz) y que se sustancia en la falta de estabilidad, la segmentación o la dualidad. En sangrantes índices de desempleo (estructural, coyuntural, estacional y juvenil) y una precariedad que la propia ministra definió como «absolutamente insoportable».

«Compartimos las recomendaciones que se han hecho al país desde hace años y será la primera vez que se aborden», insistía la responsable de Trabajo que apenas si identificó medidas concretas más allá de la simplificación (de cuatro a tres) de los contratos laborales: el genérico o indefinido, otro temporal «pero con causa justificada» y el de formación.

Una propuesta que, como el resto, se negocia con los agentes sociales y que «la Comisión Europea conoce». Otras a las que aludió Díaz, giran en torno a atajar la alta temporalidad -del 26,9% en términos generales, casi el doble de la media europea, y que en el sector público se eleva hasta el 27,8 %-, la formación en el empleo o la flexibilidad interna para conseguir que mecanismos como los ERTE pervivan en el mercado de trabajo español porque «se han demostrado eficaces durante la crisis».