El Tribunal de Cuentas censura el reparto de fondos de la UE al capital riesgo

Pero, ¿para qué se destina tanto dinero? Para apoyar inversiones en empresas de reciente creación y también aquellas emergentes que tengan un carácter innovador, dado que los responsables comunitarios han entendido que es un buen instrumento de financiación para desarrollar las tecnologías y nuevos sistemas de esas compañías europeas vistos los problemas que, tradicionalmente, han encontrado para obtener crédito de la banca. Hasta tal punto que el plan se incluye en la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo.

El problema es que los auditores europeos, encargados de revisar dónde se invierte cada euro del presupuesto de la Unión y su eficacia, estiman que la propia CE no ha dado precisamente ejemplo de eficiencia en este caso. Al contrario, sugieren incluso cierta desidia por parte de sus responsables en los fondos dados al capital riesgo –más de 3.300 millones entre 2014 y 2022, según las últimas estimaciones– para que impulse nuevas empresas. Y es que, reprochan, no solo «no ha llevado a a cabo una evaluación global de las necesidades del mercado ni de su capacidad de absorción», sino que sólo ha presentado pruebas «limitadas» del impacto logrado.

Su censura va incluso un punto más lejos. Dicen que las decisiones de la Comisión sobre la cuantía financiera que se daba a cada fondo y/o empresa «no estaban suficientemente justificadas», bien porque no hubo evaluaciones 'ex ante' de su impacto, bien porque se hicieron cuando ya se habían tomado las decisiones presupuestarias. Desde Bruselas aceptan la crítica, pero con matizaciones: el calendario de esas evaluaciones no lo fijan ellos, sino la norma que aprobaron el Consejo y el Parlamento Europeo. Y aducen que los datos existentes «son muy limitados» porque la información «privada» de cada compañía no se divulga y, además, los que proporciona el mercado «tampoco son plenamente fiables debido al pequeño tamaño» del sector del capital riesgo.

En cualquier caso, desde la CE sí asumen algunos errores y aceptan que sus asignaciones financieras para las operaciones de capital riesgo (una media de 458 millones anuales desde 2014) «deben basarse en un análisis exhaustivo de las deficiencias de un mercado» que ha sido muy dependiente de las aportaciones de fondos públicos. Y es que el peso de los originados en organismos de la UE, según la patronal europea Invest Europe, fue del 14% en 2018 sobre unos recursos anuales de 11.400 millones, récord la última década.

Skype, Spotify o empresas emergentes que desarrollan productos a partir del grafeno (premiadas con el Nobel de Física en 2011) son algunas de las financiadas por los Veintiocho a través de ese sistema combinado con el capital riesgo. Pero estos fondos buscan, sobre todo, una rentabilidad que obtienen al vender años después su participación en las compañías que financian, por lo que los auditores europeos piden a la Comisión que ceda parte de su rentabilidad, o incluso asuman «las primeras pérdidas», para impulsar la llegada de más inversores privados.

Sin embargo, los técnicos del Tribunal reprochan a la Unión el abono de comisiones «considerables» al FEI solo por lanzar cada instrumento de inversión, al no ver «ningún ahorro resultante de sinergias o conocimientos técnicos» que el Fondo Europeo haya proporcionado. Por último, reclaman agilizar los plazos.