El Tribunal de Cuentas acusa a la CNMC de saltarse las normas de contratación

Tras examinar las adjudicaciones realizadas entre 2015 y 2017 por el órgano que preside José María Marín Quemada, la institución que fiscaliza toda la administración pública encuentra «deficiencias o irregularidades» –algunas importantes, en apariencia– en la forma en que la Comisión realiza sus propias licitaciones tras haber analizado casi un centenar de ellas, incluidas decenas de contratos menores que por sus características apenas pasan filtros. Y el primer reproche es precisamente por la falta de «justificación suficiente» para algunos, llegando incluso a observar «un solapamiento entre las prestaciones ofrecidas por los correspondientes» acuerdos.

Desde la CNMC lo niegan –al menos, en algunos casos, pues «se emplean para usos y cometidos diferentes»– y aducen «la imposibilidad de disponer de dotaciones adicionales de personal» para esos trabajos, pero el órgano contable insiste en que «se han identificado varios supuestos en los que no se encuentra suficientemente justificada la decisión de la entidad fiscalizada de externalizar servicios». Y es que, añade, ni siquiera constan «al efecto estudios comparativos de los costes» que tendría si se internalizasen.

En materia presupuestaria, el Tribunal de Cuentas también reprocha que «en la mayor parte» de los expedientes examinados «no consta justificación suficiente del importe» en que se cuantifican las licitaciones, «ni de la composición cualitativa del mismo». Esto es, no sabe cómo ha llegado a la suma en cuestión y bajo qué criterios, aunque la Comisión responde que en esa época un estudio de costes «no era una exigencia legal». Tampoco ve «suficientemente» razonada la variación de precios de un período respecto al anterior», e incluso algunos presupuestos de contratos «se distancian notoriamente de los precios de mercado sin constar justificación».

En las actuaciones previas Competencia tampoco parece ser demasiado rigurosa, según el órgano fiscalizador, pues llega a usar en sus pliegos «valores anormales o desproporcionados» –además de «contrarios» a la Ley de Contratos de la Administración Pública– para comparar las ofertas recibidas. También divide algunos procesos en lotes de forma indebida, concede sin motivo suficiente «derechos de exclusividad» a algún adjudicatario, permite subcontrataciones excesivas «sin adoptar cautela alguna», autoriza seguir con contratos pese a que la empresa no acredite tener «la solvencia económica, financiera o técnica exigida», o bien cuando no dispone de capacidad para el trabajo encargado.

En varios casos, asimismo, el Tribunal ve «falta de correlación» entre la valoración dada a unas ofertas u otras, e incluso en el contenido del informe respecto a la propuesta de la propia empresa. En cuanto a la ejecución de los contratos, reprocha a la CNMC que no deje constancia de las fechas, «lo que dificulta el control del cumplimiento de los plazos». De hecho, le acusa de no haber «exigido penalidades o responsabilidades» a algunos contratistas «incumplidores», ni explicar los motivos para ese 'perdón' aparente.

Pero donde llama aún más la atención el comportamiento de la Comisión, según el informe del órgano contable, es en su «deficiente» procedimiento negociador y, sobre todo, el aparente abuso de contratos menores, aún faltando «documentación relevante» para algunas adjudicaciones. Es más, «fraccionó» varias contrataciones para «no superar los límites» y «encadenó» otras sin razón aparente, para lograr 'de facto' prórrogas prohibidas por la ley.