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Repsol han obtenido un beneficio neto de 4.251 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 70% respecto al año anterior. Lo ha hecho en un ejercicio marcado por el incremento de las materias primas como el petróleo, que llegó a ... alcanzar los 130 dólares por barril de Brent derivado de la tensión por la guerra en Ucrania. Aunque la firma considera que es su modelo de negocio integrado y el Plan Estratégico 2021-2025 los hitos «fundamentales» para lograr un desempeño positivo.
Pese a que ha disparado el resultado, los beneficios anotados en 2021 y 2022 (6.750 millones de euros) aún no permiten compensar las pérdidas de los ejercicios 2019 y 2020 (7.105 millones de euros).
En este sentido, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, considera que «los precios energéticos se incrementan porque la demanda sube, a la vez que, contrario a lo que dictaría la lógica, se imponen dificultades a la producción de algunos productos energéticos. Los precios altos no son 'caídos del cielo', son consecuencia de las incorrectas decisiones adoptadas en Europa». Por ello, insiste en que «considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial, es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española».
El grupo ha recordado que destinó en 2022 más de 500 millones de euros a descuentos adicionales en los combustibles en sus estaciones de servicio en España. Asimismo, realizó en 2022 «un esfuerzo adicional» para garantizar el suministro en España, en un contexto de tensión en los mercados internacionales, y llegó a destinar más de 2.000 millones de euros a incrementar sus inventarios.
La compañía prevé destinar este año una inversión orgánica histórica de más de 5.000 millones de euros para impulsar su perfil multienergético. El 35% de estas inversiones se asignarán a proyectos bajos en carbono, lo que refuerza, según el grupo, su carácter transformador.
En 2022, Repsol invirtió 4.182 millones de euros para avanzar en su transformación, un 40% más que el año anterior, principalmente en la Península Ibérica y Estados Unidos. En concreto, la compañía invirtió en España 1.400 millones de euros durante el ejercicio.
Asimismo, la situación del negocio industrial, fruto de la regulación europea, llevó a la compañía a realizar nuevos ajustes por deterioro en el valor contable de sus activos, principalmente, de sus refinerías, cuya rentabilidad y competitividad a largo plazo quedarían impactadas si no se corrigen aspectos que están lastrando al sector en Europa, como la inseguridad del entorno de negocio y la presión regulatoria y fiscal. Estas provisiones suponen la mayor parte de los resultados específicos del periodo, que se situaron en 2.485 millones de euros.
Mejora el dividendo
Además, Repsol anunció un incremento del 11% en la remuneración en efectivo para sus accionistas en 2023 y llevó a cabo la amortización de 200 millones de acciones, lo que beneficia a más de 520.000 inversores, la inmensa mayoría de ellos minoritarios y localizados en España.
En concreto, la remuneración en efectivo aumentará un 11% en 2023, hasta los 0,70 euros brutos por acción, con lo que se adelanta el objetivo previsto en el Plan Estratégico para el año 2024.
Para ello, se incrementó hasta 0,35 euros brutos por acción el pago en efectivo distribuido a los accionistas el pasado mes de enero, a lo que se sumará un pago complementario de otros 0,35 euros brutos por acción tras su aprobación por parte de la junta general ordinaria de accionistas de este año.
Adicionalmente, Repsol anticipó en tres años su objetivo de recompra y amortización de acciones, al alcanzar a finales de 2022 los 200 millones de títulos amortizados, cantidad inicialmente prevista para todo el periodo 2021-2025. Para 2023, Repsol implementará un nuevo programa de recompra de acciones propias y una reducción de capital.
Así, el consejo de administración ha acordado implementar en 2023 un nuevo programa de recompra de acciones propias por un máximo de 35 millones de títulos y proponer a la próxima junta general una reducción de capital mediante la amortización de 50 millones de acciones propias.
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