Los promotores sugieren que el Estado avale la compra de viviendas a los jóvenes

En este sentido, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCE, ha explicado que si en este momento los bancos dan hipotecas por un volumen equivalente al 75% del valor de la vivienda, el Estado, para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes menores de 35 años que no han logrado acumular ahorro, podría prestar un compromiso de aval para ampliar el crédito hasta el 95% para acceder a la vivienda. Con ello, defendió Gómez-Pintado, además de resolver el acceso a la vivienda de la juventud, el Estado tendría más ingresos fiscales (350.000 viviendas implican ingresos de 15.000 millones de euros para la Agencia Tributaria). «Y eso sin poner un euro el Estado. Sólo el aval», defendió Gómez-Pintado. «Es una fórmula inédita en nuestro país, que se ha desarrollado con éxito en otros entornos», aseguró el presidente de los promotores españoles. En el mismo sentido se manifestó Víctor García Brosa, presidente de Oficemen: «Es clave la aprobación de avales para el estímulo de la compra de primeras residencias».

Gómez-Pintado se refirió también a la rehabilitación y la regeneración urbana y animó a buscar referentes de actuación en cómo se eliminó el chabolismo en Madrid, para lo que sugirió la colaboración público-privada. Si bien también aseguró que habría que eliminar bolsas de edificios contruidos en los años cincuenta y los sesenta: «Por mucho dinero que invirtamos en ellas, seguirán siendo infraviviendas». En este sentido, el presidente de Oficemen afirmó: «Deberíamos aprovechar los fondos europeos para diseñar las ciudades del futuro. El 55% de los edificios de España fueron construidos antes de 1980». Y también apuntó la necesidad de facilitar el repunte de la demanda con un plan de vivienda social a largo plazo.

Juan Lazcano, presidente de la CNC, hizo un guiño al plan que el pasado martes presentó el Gobierno sobre la rehabilitación. En este sentido, afirmó que si se destinaran 2.000 millones de euros anualmente a la rehabilitación, en un plazo de cuatro años se habrá creado riqueza por valor de 52.000 millones de euros y 832.000 puestos de trabajo, al tiempo que se habrían reducido los costes de desempleo en 7.700 millones de euros, además de que todo allo aportaría una factura fiscal importante en forma de ingresos públicos.

El plan del Gobierno sobre esta materia está previsto, en principio, para un plazo de dos años.

Asimismo, la patronal de la promoción inmobiliaria mostró la necesidad de la modernización de las administraciones: el retraso en las licencias sube el precio de las viviendas en entre 25.000 y 40.000 euros. En este sentido, Gómez Pintado también reseñó la urgencia de aprobar una ley de seguridad jurídica en el urbanismo.

Juan Lazcano, por su parte, animó a la reducción de impuestos para el sector, como el IVA o el IBI. En materia impositiva, Luis Rodulfo Zabala, presidente de Cepco, también señaló la conveniencia de la reducción del Impuesto de Sociedades.

En todo caso, Lazcano animó a Gobierno y oposición a que se pongan de acuerdo, y también con las organizaciones empresariales. Lazcano apuntó la necesidad de un presupuesto del Estado que refuerce la inversión pública aprovechando los fondos europeos y la mayor flexibilidad fiscal favorecida por Bruselas. Además, consideró apropiado que se favoreza el modelo de concesión, que minimiza el impacto en el déficit público. Lazcano insistió en que éste «no es momento de ajustes», sino de proyectos de inversión pública y de impulso de la inversión privada. A su juicio, hay diez años por delante para superar los diez últimos años de consolidación fiscal y un déficit inversor que se calcula en 200.000 millones de euros.

Pero, preocupado el sector como está por la situación de las finanzas públicas, Juan Lazcano volvió a insistir en la necesidad de modernizar y conservar las infraestructuras públicas, conciliando este objetivo con el del desarrollo sostenible, y abogó por el desarrollo de carreteras verdes y por la apertura del debate para poner en marcha peajes en las autovías.

Ismael Clemente, presidente de Merlin Properties, afirmó que lo necesario para el sector no es inversión pública, puesto que hay otras actividades que la requieren más. Pero sí reivindicó medidas de liberalización. En particular, «no atacar el régimen de las socimi», que es «un vehículo de ahorro muy exitoso en España», que se adoptó de manera tardía, pero que ha traído «profesionalización e inversión extranjera» al inmobiliario español. «Modificar las reglas no nos va a ayudar a nuestro prestigio», afirmó.

Clemente, que afirmó que muchas socimis no tienen viviendas, repasó algunos de los sectores de actividad en que opera la suya. Respecto al subsector de las oficinas, expuso que ahora mismo hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que antes del estallido de la pandemia había más demanda que oferta. En estos momentos, lo que más preocupa en el segmento de las oficinas, afirmó, es la destrucción del tejido empresarial, si bien en estas circunstancias no hay sobreoferta y los precios son bajos, lo que supone un colchón en un entorno de dificultades como el actual. En cuanto al teletrabajo, que también puede impactar en las oficinas, afirmó que no se están teniendo en cuenta las consecuencias que puede tener en la productividad. «Hay una serie de actores que no están interesados en la productividad, pero hay sectores que no pueden permitirse una caída de ésta», afirmó Clemente.

El alto directivo de Merlin Properties afirmó que la pandemia tendrá consecuencias positivas para el subsector de las oficinas que pasan por la eliminación de los «puestos de trabajo calientes» y por la garantía de una mayor distancia física de los empleados en el espacio de trabajo.

En cuanto a otras actividades en las que opera, señaló que los centros comerciales necesitan mayor flexibilidad horaria, mientras que los centros logísticos requieren una mayor colaboración con las administraciones públicas.