Las petroleras avisan del alza de combustibles con el nuevo fondo eléctrico

El anteproyecto de ley por el que se pone en marcha esta medida, anunciado ayer por sorpresa tras el Consejo de Ministros, coincide con la suspensión de una de las medidas que el Ejecutivo había incluido en el proyecto inicial de Presupuestos: el alza del diésel para equiparar su precio al de la gasolina. Fuentes del sector petrolífero apuntan que la financiación del nuevo fondo eléctrico, donde sus empresas soportarán el mayor peso de todas las energéticas, implicará una subida de los combustibles por esta vía.

Por ello, esperan que sea en el largo trámite parlamentario que aún queda por delante para desarrollar esta ley cuando los diferentes grupos parlamentarios incluyan modificaciones que pueden llevar incluso a decaer la medida tal y como la anunciaba ayer Transición Ecológica. «Ya ocurrió con el diésel», recuerdan las petroleras. Con el alza del Impuesto de Hidrocarburos (3,8 céntimos de euro más por litro de gasóleo a partir del próximo 1 de enero) en el proyecto presupuestario, finalmente la mediación del Partido Nacionalista Vasco (PNV) -antes lo había intentado Ciudadanos (C´s)- provocó que el Gobierno sacara del texto esa medida para guardarla en el cajón por segundo año consecutivo.

El Fondo para la Sostenibilidad está pensado para que eléctricas, gasistas y empresas de hidrocarburos (estas últimas en mucha mayor proporción que el resto) asuman una parte de los cargos que ahora se encuentran en la parte fija del recibo de la luz. En concreto, los que sirven para seguir pagando el coste de las primas a las instalaciones de renovables más antiguas, las impulsadas en la burbuja de hace más de una década. La medida intenta «evitar subidas en el precio de la electricidad», según el Ministerio de Transición Ecológica. Fuentes del departamento dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera calculan que al detraer esta parte de la factura, que deberán sufragar las compañías, su importe se reducirá una media del 13% durante los cinco años siguientes a la puesta en marcha del Fondo.

Este importe coste recaerá en los centenares de empresas comercializadoras de energía que hay en España, dependiendo de su cuota de mercado. Serán las firmas que venden hidrocarburos, gas y luz -por este orden- las que asuman ese coste, aunque grupos como Iberdrola o Endesa se han mostrado satisfechos al sacar de la factura una parte de los costes ajenos directamente a la electricidad, una de sus históricas reivindicaciones.

En cualquier caso, no es descartable que esas mismas empresas acaben por repercutir en sus clientes este nuevo coste en el precio de los productos que ofrecen. Desde el ministerio indican que «no tiene por qué ser así», pero al mismo tiempo admiten que «puede que lo repercuta, o no, porque podrían perder cuota».

En el caso de la tarifa regulada (PVPC), la que tienen contratada un 40% de los hogares, también pueden ver incrementado su importe final. Porque el Ejecutivo podría aprobar un alza en el margen de comercialización que tienen las compañías de referencia del PVPC. «Lógicamente en la medida en que los comercializadores no tienen libertad de fijacion de precios, habrá que hacer una adaptacion de los marcos retributivos para incorporar este coste», asume Transición Ecológica. En las tarifas de luz libres, hay flexibilidad de precios. Y en el caso de los combustibles, en el Ministerio recuerdan que España es uno de los países con los precios más bajos de la UE.

Se trata de financiar unos 7.000 millones de euros anuales que ahora se encuentran dentro de la factura de la luz en concepto de 'cargos'. Se refieren a la necesidad de sufragar las primas a las renovables que se concedieron hasta el año 2008 y que aún siguen costando dinero a los consumidores. Este concepto es distinto a los 'peajes' que también constituyen la parte fija de los recibos y que, por ahora, seguirán sin cambios al menos hasta el 1 de abril de 2021 cuando los modifique la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Los costes regulados de la electricidad en España ascienden a unos 17.000 millones al año -10.000 millones los de redes, que se sufragan con los peajes que aprueba la CNMC, 7.000 millones los de las renovables y casi 3.000 millones van a la devolución de la deuda acumulada por el sistema eléctrico en el pasado-, a los que hay que añadir los entre 600 y 700 millones de extracostes peninsulares.