Naturgy 'manda a casa' a 300 empleados hasta que la CNMC aclare la retribución al gas

Este movimiento de la corporación llega después de que la CNMC enviara una propuesta de circular en la que incluía un recorte del 17,8% en los pagos regulados por la distribución de gas, y del 21,8% en el transporte durante los seis próximos ejercicios. De aplicarse, la medida supondría una reducción de unos 2.500 millones de euros cada año. Naturgy y otras empresas han alegado contra esa propuesta, aunque el trámite sigue adelante a la espera de conocer si finalmente intervendrá el Ministerio de Transición Ecológica antes de final de año.

La medida afecta a un tercio de la plantilla de Nedgia en toda España. Se trata de trabajadores que, en muchos casos, cumplen funciones comerciales y a los que se les ha ofrecido la posibilidad de paralizar su actividad aunque seguirán cobrando su sueldo. Lo harían hasta que Competencia, o el Gobierno en su caso, aclaren el régimen retributivo. Desde Naturgy apuntan que no se trata de un ERTE(Expediente Temporal de Empleo) ni un ERE. Solo cuando se especifiquen los pagos que recibirá la filial de distribución de gas, la compañía tomaría, en su caso, alguna medida de ajuste si considerase que fuera necesario.

Naturgy es una de las compañías del sector que se verían más impactadas por los recortes de la CNMC, muy superiores en el gas que en el caso de la electricidad. Es en el negocio gasista donde la firma presidida por Francisco Reynés lidera el mercado. Sin embargo, Competencia no ha dado muestras de que vaya a retroceder en su planteamiento inicial. El organismo presidido por José María Marín Quemada, en funciones desde el pasado lunes, ha afirmado que su propuesta se basa en «criterios económicos y técnicos» y que, por ello, «no tiene por qué gustar a todo el mundo». «La regulación propuesta mantiene una retribución razonable para las empresas que permitirá unos niveles de inversión razonables», ha indicado.

El papel del Ejecutivo será clave para determinar cuál es el régimen final que se establece y las consecuencias, si las hay, en materia de inversiones y empleo en las empresas afectadas.