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La Comisión Europea pone en tela de juicio el plan de España de conceder casi 21 millones de euros a la planta de Peugeot en Vigo y ha abierto un investigación en profundidad para evaluar si estas ayudas son legales, es decir, si cumplen las ... normas comunitarias sobre ayudas estatales a las regiones. Así lo anunció hoy Bruselas en un comunicado, en el que recordó los criterios que han de cumplirse para garantizar que este apoyo económico tenga «el efecto positivo previsto», tales como incentivar la inversión privada, limitarse al mínimo necesario y no atraer la inversión de una región igual o más desfavorecida de otro Estado miembro («efecto contrario a la cohesión»).
«La Comisión investigará meticulosamente si las ayudas previstas de España son realmente necesarias para que Peugeot invierta en procesos de producción verdaderamente innovadores en Vigo y si van a desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia o ir en detrimento de la cohesión en la UE», precisó la comisaria Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, que hizo hincapié en que «debemos evitar las competiciones perjudiciales entre los Estados miembros».
Concretamente, Bruselas manifestó su «temor» a que las ayudas públicas españolas de 20,7 millones puedan haber atraído el proyecto de inversión a Galicia en detrimento de otra región más desfavorecida de la UE, así como puso en tela de juicio que el Grupo PSA (fabricante de Peugeot y Citröen) hubiera realizado la inversión en cualquier caso en Vigo incluso sin habérsele adjudicado las ayudas públicas españolas. En este sentido, la CE resaltó que PSA es un gran grupo del sector del automóvil, que está invirtiendo alrededor de 500 millones de euros en nuevas líneas de producción para lanzar nuevos vehículos y en mejoras del proceso productivo en la fábrica existente de Peugeot Citroën en Vigo, por lo que duda de que el proceso de producción previsto sea lo «suficientemente innovador como para poder acogerse a esa excepción» de invertir en grandes empresas.
Desde la dirección de la planta de Vigo quitaron importancia a esta investigación al advertir que se trata de «un proceso de control habitual» que se lleva a cabo cuando la ayuda está en proceso de adjudicación, ya que aún debe ser aprobada por Bruselas.
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