Iberdrola suspende contratos con clientes e inversiones tras el plan de recortes

La compañía presidida por Ignacio Galán ha suspendido los contratos con grandes clientes en los que se fijaba un precio de antemano para un periodo largo de tiempo. La compañía ha explicado a esas firmas en sus misivas que el nuevo coste regulado aprobado por el Ejecutivo «representará más de 70 euros por megavatio/hora». Y que, a su juicio, «considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato» con ese cliente, «se produce una situación de manifiesto desequilibrio de las prestaciones del contrato por una circunstancia extraordinaria, imprevisible y sobrevenida que hace insostenible su continuidad en las condiciones económicas aplicadas».

Al suspender el contrato, lo hace porque así lo permiten las condiciones pactadas con esos clientes, aunque no se trata de una práctica general con todos los particulares del mercado libre, por ejemplo. Por eso, Iberdrola aclara que su voluntad es la del «mantenimiento del contrato en condiciones en las que quede restablecido el equilibro económico». Por ello, emplaza al cliente a «negociar las condiciones de económicas que se aplicarían de forma temporal para el periodo en que estén vigentes los efectos de las medidas» del plan de choque del Gobierno.

En todo caso, confía en que esas medidas puedan «ser revertidas por decisión del Gobierno o de los jueces y tribunales». En ese caso, «se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda». Sin embargo, desde el Ministerio de Transición Ecológica han insistido en que el decreto, que ya se encuentra en vigor, no sufrirá cambios. Y desde la compañía, al igual que en el resto del sector, aún valoran si acudir a la Justicia para reclamar sus derechos, como en otras ocasiones.

Desde el Ejecutivo no han tardado en criticar esta actitud de la compañía energética. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no ve justificada la revisión de tarifas, como han trasladado algunas compañías. De hecho, ha reconocido «preocupación» por «las cartas que han enviado algunas eléctricas» a empresas industriales y a consumidores domésticos, acerca de la revisión al alza de su factura energética, «e incluso a sus trabajadores», dando a entender que las empresas habían avanzado posibles consecuencias en términos de empleo o condiciones laborales. Y ha llegado a apuntar que «es probable que la revisión de tarifa la tuvieran planteada (estas eléctricas) incluso antes de la adopción de estas medidas (el decreto ley donde recortaba parte de sus beneficios)».

Respecto al comunicado de Foro Nuclear, patronal que agrupa los intereses nucleares de las grandes eléctricas, la vicepresidenta ha encuadrado «esas manifestaciones» como «un inmenso error»: «Evidentemente, no solamente pueden intervenir en los términos en los que estaban anunciando, sino que se distancian mucho de la situación en la que estamos, ha dicho.

La compañía presidida por Ignacio Galán también ha enviado misivas a los proveedores con los que trabaja habitualmente, para comunicarles su decisión de «paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España», hasta haber llevado a cabo una «evaluación en detalle de la viabilidad económica» de dichos proyectos. En este caso, quedarían excluídos los proyectos que ya tengan reonocido un marco retributivo específico, como los que se desarrollan a través de las subastas.

En su última actualización del plan estratégico hasta 2025, Iberdrola había previsto invertir 14.300 millones de euros en ese periodo, un 21% del total del grupo. Representaba un incremento dle 60% frente al plan anterior. De esa cuantía, más de 7.000 millones se dirigirían a renovables y otros 4.500 millones a redes.

Ignacio Galán recordaba en la última junta de accionistas, del pasado mes de junio, que «desde comienzos de 2020, hemos realizado pedidos a nuestros proveedores por 18.000 millones de euros, gracias a los que se han podido preservar 400.000 puestos de trabajo en nuestra cadena de valor; 85.000 de ellos en España». Además, apuntó que «durante este periodo se han incorporado 6.000 nuevos profesionales«.