Iberdrola deposita 192 millones de fianza por la causa del 'tarifazo' de 2013

El magistrado Ismael Moreno acordó el pasado 11 de julio abrir juicio oral por unos hechos que empezaron a ser investigados en 2017, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público judicializó sus diligencias después de que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) multara en 2015 a la multinacional líder del Ibex-35 con 25 millones por estos hechos. Un pago que está suspendido hasta que se resuelva el asunto por la vía penal por la supuesta «manipulación fraudulenta» de los precios de la luz a finales de 2013.

A falta de que se fije la fecha del juicio, previsiblemente en primavera de 2023, el tribunal de lo Penal examinará si se cometió un delito relativo al mercado y a los consumidores. Según indicó el juez, en los cinco años de investigación se han recabado indicios suficientes que acreditarían que Iberdrola Generación (como persona jurídica) y sus directivos pusieron en marcha un plan «para incrementar el precio de la energía que vendía» con la finalidad de «provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores».

Además, en dicha resolución, el juez Moreno impuso a los acusados una fianza a satisfacer de forma conjunta y solidaria de 192.231.272 euros. En concreto, 84.891.272 euros irían destinados al pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes a la responsabilidad civil, es decir, a posibles indemnizaciones a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten el perjuicio que les ocasionó la subida de luz en el periodo comprendido entre 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2013. En caso de que el fallo sea de absolución, la cuantía será devuelta íntegramente.

Ahora, Iberdrola ha avalado los 84,8 millones por las multas impuestas, así como una quinta parte de la responsabilidad civil, mientras que sus seguros han afrontado la parte restante. Todo ello después de que la Sala de lo Penal desestimara su recurso contra el auto de apertura de juicio oral, y más en concreto, contra la obligación de depositar la elevada cantidad reclamada antes de la celebración de juicio.

Se da la circunstancia de que la filial encargada de la producción de electricidad mediante la construcción, operación y mantenimiento de centrales de generación no puso ningún reparo a que el juez decidiera llevarla a juicio por el denominado como 'tarifazo' de 2013. El equipo jurídico de la compañía, que siempre ha defendido la legalidad de su actuación y en base ello, meses antes de que se pusiera fin a la instrucción, exigió el archivo, decidió no recurrir su procesamiento.

En cuanto a los directivos investigados, la Fiscalía Anticorrupción solicita la pena de dos años de cárcel y una multa de 144.000 euros. Se trata del responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, Javier Paradinas, encargado de elaborar las ofertas de mercado en virtud de una serie de parámetros: aportaciones hidráulicas, niveles de los embalses, coste de combustibles o disponibilidad de las plantas. Este área de Iberdrola Generación celebraba reuniones de «planificación semanal» con otros departamentos para determinar el coste de la luz, cuyos responsables eran José Luis Rapún (Gestión de Activos) y Gregorio Relaño (Optimización, Gestión de Recursos y Trading). Todos ellos dependían jerárquicamente del Despacho Central de Generación de la Energía, dirigido por Ángel Chiarri.

Iberdrola ha defendido que el precio de la luz a finales de 2013 lo marcó las «demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales». En este sentido, destacó que en esas fechas no se ofertó menos cantidad de producto y que el precio de mercado subió por «circunstancias ajenas» a la compañía, como la escasez de agua.

En cambio, el juez Moreno considera que incrementó a finales de 2013, de forma «artificial» y «sin causa legítima que lo justificara», el precio de las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Una conclusión a la que llegó tras la práctica de numerosas diligencias, como las declaraciones testificales del exministro de Industria José Manuel Soria y su número dos, Alberto Nadal; o tras estudiar los informes aportados por la CNMC, Red Eléctrica de España o la Agencia Española de Meteorología (AEMET).