El Gobierno amaga con multas para que la junta de Ferrovial rechace su traslado de sede a Países Bajos

La decisión final se conocerá en el último minuto, aunque una mayoría de accionistas se han mostrado a favor del traslado. Pero el Ejecutivo insiste en presionar al advertir de que la Agencia Tributaria tendrá la última palabra sobre las ventajas fiscales a las que la compañía podría acogerse por su traslado, siempre y cuando encuentre un motivo económico a su marcha.

Fuentes gubernamentales apuntan que una de las condiciones para que una empresa pueda disfrutar de las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, previsto en el impuesto de sociedades, es que la operación responda a un motivo económico válido. En la carta remitida el lunes desde el Ministerio de Economía a Ferrovial, el Gobierno muestra sus dudas sobre esas razones exclusivamente económicas con los informes de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la mesa. Esos análisis no han encontrado impedimentos para que la empresa pueda llegar a cotizar en Estados Unidos sin tener que mover su sede a Países Bajos.

Sin embargo, la multinacional considera que el Ejecutivo «se desdice» en esa misiva, al asegurar que «BME ya está en contacto con distintas entidades estadounidenses para explorar la vía de un posible 'dual listing' de una empresa cotizada española desde nuestro país». Con ello, según la empresa, se reconoce que «aquí y ahora eso no es posible».

El grupo de infraestructuras considera que «no es nada habitual» estos movimientos de un Gobierno a pocas horas de la celebración de una junta «que es soberana» en sus decisiones. En la carta firmada por el secretario de Estado de Economía al consejero delegado de Ferrovial, le recomendaba informar a los accionistas sobre su idea de que no es necesario trasladarse para poder cotizar directamente en EE UU.

Este mismo martes se pronunciaba sobre esta polémica la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández. Así, señaló el organismo comprobará «cuando corresponda» si existen motivos «válidos».

La posibilidad de cotizar en ambos países -el denominado 'dual listing', esto es, que las acciones de una empresa se negocien en dos mercados de forma indistinta- es solo el último capítulo de desencuentros una vez transcurrido un mes desde que Ferrovial anunciara su intención de trasladarse a Países Bajos sin habérselo comunicado previamente a Moncloa. La decisión no sentó bien y sigue siendo una piedra en el zapato de los departamentos económicos del Ejecutivo por la imagen que se genera de la economía española ante los inversores extranjeros. Este martes, la ministra portavoz Isabel Rodríguez insistía en que la firma no tiene ningún impedimento: «Al Gobierno le gusta que las empresas españolas tengan su sede aquí».

Mientras tanto, los propietarios de Ferrovial recomponen las piezas del puzle ante la votación de este jueves. Por ejemplo, Norges Bank, el fondo soberano de Noruega (que tiene el 1,4% de los títulos), anunció que votará en contra. Para ello, según explicó, tendrán en cuenta antes «si existe suficiente transparencia para tomar una decisión plenamente informada, si todos los accionistas reciben un trato equitativo y si existen conflictos de intereses innecesarios». Lo cierto es que la ley holandesa tiene más restricciones de poder que la española para los pequeños accionistas.

Por ahora hay una mayoría del accionariado (Rafael y María del Pino a la cabeza, con casi un 30%) que se ha mostrado a favor. Sin embargo, su hermano, Leopoldo del Pino (4,1%) votará en contra. El problema puede surgir si los accionistas que voten no ejercen después (hasta un mes más tarde) su derecho de separación. Y es que si más del 2,5% lo hace, el cambio de sede no será posible.