El Gobierno aprueba 3.000 millones para reestructurar la deuda de las empresas

La medida llega tras intensos meses de negociaciones en los que las posturas de banca y Ejecutivo han estado muy distantes, ante la rotunda negativa del sector financiero de asumir quitas generalizadas en este tipo de préstamos que, de media, están avalados en un 80% por el Estado. Es decir, los bancos asumen el 20% del riesgo de impago. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que estas garantías públicas han permitido movilizar ya más de 121.000 millones de euros de financiación para autónomos y pymes durante la pandemia.

Finalmente, las quitas se incluirán en la medida, pero los bancos podrán realizar sus propios análisis de las empresas para decidir, tras las negociaciones con los clientes, la mejor fórmula de reestructuración, tal y como hacen en su operativa diaria.

Según ha explicado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las entidades podrán seguir tres vías distintas para ayudar a sus clientes con esta línea de reestructuración.

En primer lugar, podrán optar por extender por un periodo adicional los plazos de vencimiento de los préstamos con garantía pública. En segundo, y tras muchas negociaciones en torno a la medida, se podrán convertir los préstamos avalados en préstamos participativos. Este tipo de préstamos tienen un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles, con lo que ayudarían a reforzar los recursos propios de las empresas.

En tercer lugar aparecen las polémicas quitas para reducir la financiación avalada percibida por las empresas aunque, tal y como señalan desde Economía, estas quitas solo se utilizarían «como medida de último recurso». La idea es impedir que, ante una reestructuración o una quita, las solicitudes de estas últimas se disparen poniendo en jaque la estabilidad de los balances bancarios.

Para poner en marcha esta línea de 3.000 millones, los bancos y el Gobierno establecerán un Código de Buenas Prácticas, similar al que ya existe en el mercado hipotecario, que en todo caso será de adhesión voluntaria.

El Gobierno también ha aprobado este viernes la extensión hasta el próximo 31 de diciembre del plazo para solicitar préstamos con aval del ICO, después de que en noviembre de 2020 se pusieran en marcha otras medidas para facilitar los pagos. En concreto, se amplió a ocho años el plazo de devolución y a dos año sel periodo de carencia del pago del principal.

La decisión que ahora toma el Ejecutivo podría servir para calmar los ánimos entre numerosas voces, tanto bancarias como empresariales, que en los últimos meses habían criticado el riesgo de 'discriminar' con las ayudas a las empresas que en su momento no solicitaron préstamos avalados, al tener capacidad para sobrevivir con sus propios recursos, pero que ahora sí atraviesan por problemas.

Además del fondo para reestructurar deuda y de las ayudas directas, el consejo de ministros también ha aprobado la creación de un fondo de recapitalización de empresas medianas con problemas de solvencia, que estará dotado con 1.000 millones de euros.

La sociedad pública Cofides, dependiente del Ministerio de Industria, será la encargada de gestionar este fondo, cuyo funcionamiento será similar al de rescate dotado con 10.000 millones que maneja la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Así, podrán acceder a él las empresas que demuestren que eran viables en diciembre de 2019 y que no puedan acceder al de la SEPI, que tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones de euros.

Según indican desde el Ministerio de Economía, las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, incluyendo préstamos ordinarios, participativos o capital. El fondo conlleva una participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas que reciban las ayudas, con una duración de, como mucho, ocho años.

Con el fin de no favorecer a empresas 'zombi', ante el riesgo de que puedan percibir el dinero de este 'rescate' y terminar cerrando poco después, uno de los requisitos será mantener la actividad de la empresa hasta el 30 de junio de 2022, además de, como en las ayudas directas, no repartir dividendos ni estar presentes en paraísos fiscales.

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros de este viernes también ha servido para dar luz verde definitiva a la extensión hasta el 31 de diciembre de 2021 de la moratoria concursal, vigente desde el pasado mes de abril.

La medida vencía este mismo domingo, con lo que había un temor generalizado a la presentación de una ola de concursos de acreedores desde el próximo lunes en los juzgados. Ahora, con los nuevos plazos, las empresas tendrán algo más de tiempo, al menos hasta que lleguen las ayudas, para salir adelante. Y el Gobierno también contará con mayor plazo para aprobar la esperada reforma de la ley concursal, que persigue mejorar la eficiencia de los procesos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.