El nuevo dueño de Dia, imputado por forzar la quiebra de la española Zed

Así lo considera el fiscal José Grinda, que señaló que la finalidad de las decisiones de Fridman era «el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía (insolvencia), para adquirirla a un precio irrisorio, muy inferior al de mercado».

La decisión de la Audiencia Nacional aún no le ha sido notificada personalmente, según aseguró un portavoz de Fridman, que sostuvo que tales acusaciones «parecen ser el producto de una teoría de la conspiración» inventada por el fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, a través de «pruebas falsas y engañosas».

Con sus acciones, Fridman pretendía la «asfixia económica» del Grupo Zed con la «pérdida de capitales en presuntas comisiones ilegales». El fiscal anunció que el empresario era conocedor de las obligaciones crediticias que la empresa española tenía contraídas, y su «imposibilidad de hacer frente a un préstamo si se producía una reducción sensible de los ingreso procedentes del mercado ruso».

Así, la compañía fundada en 1997 y con 400 empleados en todo el mundo se declaró insolvente por la falta de liquidez y el bloqueo de inversores externos, lo que dio lugar a que el 30 de junio de 2016 se presentara la solicitud de declaración de concurso de acreedores de Zed WorlWide. Cuatro meses después, los inversores rusos presentaron una oferta de compra por un importe de 20 millones de euros, muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las «maniobras» de Fridman, denuncia Anticorrupción.

En la adquisición de Dia también se tuvo en cuenta las graves «dificultades financieras» por las que atravesaba la empresa para que la CNMV considerara «equitativo» el controvertido precio ofrecido por el magnate. Así, la sociedad LetterOne logró el control de la tercera mayor cadena de supermercados del país a través de una OPA (oferta pública de adquisición) a un precio de 0,67 euros por acción.