España perdería 1.200 millones anuales sin acuerdo comercial en el 'brexit'

España, sin embargo, será a priori de los menos perjudicados junto a Italia. Al menos así lo constata el propio Banco de España en un estudio monográfico sobre la cuestión. Sus economistas han hecho cálculos y prevén en cualquier caso un impacto negativo, aunque claramente a la baja según la forma en que se produjera la marcha británica.

Así, en caso de que no hubiera pacto y, además, la salida fuera desordenadala economía española perdería más de 1.800 millones de euros al año y un total de 9.655 millones en el plazo de un lustro. En concreto, se cifra la reducción del crecimiento en un 0,82% del PIB acumulado en todo ese período y un 0,16% menos por ejercicio. El Gobierno español no ha hecho estimaciones al respecto aunque sí el alemán, que eleva la merma a dos puntos de su economía duplicando con creces el peor caso para España.

En el segundo escenario –que por ahora parece el más factible– con una retirada británica ordenada pero sin acuerdos concretos, la merma para el PIB en los próximos años se estima en un 0,5%, algo más de 6.000 millones a razón de 1.200 al año. En esta coyuntura se estima que los planes de contingencia sí podrían ser efectivos –en el primer supuesto se teme, por el contrario, que la mayoría quedarían cortos–, precisamente ahora que el 45% de las empresas afirma tenerlos ya listos, frente a solo el 31% que decía lo mismo hace un año, según una encuesta realizada por KPMG a más de un millar de directivos a principios de 2019 en colaboración con la CEOE.

La tercera hipótesis sería que el 'brexit' se produjera con un acuerdo formal de intercambios comerciales, aparte de pactar otras cuestiones en ámbitos como el empleo y las finanzas, por ejemplo. En tal caso el impacto negativo sería claramente reducido e incluso recuperable en parte a medio plazo. Hablamos, conforme a las estimaciones del Banco de España, de apenas dos centésimas de PIB, unos 240 millones de euros, según evolucionara la cotización de la libra esterlina.

El impacto en tal caso también bajaría en el empleo: un 0,02% de los puestos de trabajo perdidos de aquí a 2024, casi 3.000. En el escenario intermedio la disminución llegaría al 0,47%, lo que supondría el despido de 77.000 personas. Y_en el peor de los supuestos, sin pacto ni orden alguno, se destruiría el 0,77% de la ocupación actual y 127.000 personas se verían en la calle.

Buena parte de esos despidos serían en la industria, el sector más afectado según todas las estimaciones, y en especial la automoción que dejaría de ingresar 886 millones de euros al año, al menos según el cálculo de la consultora internacional Oliver Wyman. Y es que Reino Unido compra anualmente más de 300.000 vehículos de fabricación española, el 13% de los que se exportan. Por eso Cataluña y Comunidad Valenciana saldrían peor paradas.

Las actividades agroalimentarias, con una merma anual de 584 millones en sus ingresos –solo en frutas y hortalizas se prevé un impacto de 300 millones–, y las de bienes de consumo –sobre todo en las ventas de ropa– en otros 242 millones menos, completarían el trío de sectores muy perjudicados, con el 70% de las pérdidas totales. A continuación vendrían las industrias química y farmacéutica, así como el turismo, que temía perder más de 1.400 millones en 2019 antes de la prórroga.

Las exportaciones, según el Banco de España, bajarían de forma «sustancial» –entre un 2,65% y un 0,09% menos– según la severidad con que se realizase el 'brexit'. Pero, ¿qué pasaría con las inversiones? Aquí la reducción sería menor –de entre el 1,15% y el 0,04%– sobre el horizonte actual: las empresas españolas tienen más de 80.000 millones en activos en Reino Unido –sobre todo en la banca (Santander y Sabadell), la energía (Iberdrola) y las infraestructuras (Ferrovial)–, frente a cerca de 45.000 millones a la inversa.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez, por su parte, aprobó el pasado 1 de marzo un decreto con una serie de medidas temporales que, en la práctica, suponían exigir reciprocidad económica al Reino Unido si no había acuerdo con la UE. Así, se garantizaba la continuidad de los contratos financieros, se reforzaba el control aduanero y se preservaba el derecho de residencia.

Por su parte, Iberia, que forma parte del 'holding' de aerolíneas hispanobritánico IAG junto a Vueling, British Airways y Aer Lingus, sabrá en un plazo máximo de dos meses si sus planes de contingencia ante el 'brexit' son validados por el Ejecutivo español. De ello depende que mantenga su licencia de vuelo para operar sin restricciones entre los cielos de la UE.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, tiene desde esta semana el proyecto de Iberia y Vueling –pues sus permisos son españoles–, aunque desde IAG han evitado publicar «detalles específicos». La normativa comunitaria exige para dar una licencia de explotación que, al menos, el 50% de la propiedad de las acciones de la compañía sea europea, y no únicamente de los derechos de voto.

Por eso desde el 11 de febrero IAG limitó la presencia de socios externos a la UE al 47,5% en ambos casos, restringiendo también adquisiciones futuras. Pero el problema es que no contemplaba en esa condición a los británicos.