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Madrid
Martes, 14 de julio 2020, 18:42
El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley que modifica la ley de sociedades de capital y busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y facilitar el acceso a la financiación a estas empresas, con ... medidas como la introducción de acciones de lealtad, el derecho a identificar a los accionistas o la supresión de la obligación de elaborar informes financieros trimestrales con el objetivo de evitar conductas cortoplacistas.
Se trata, en realidad, de la transposición parcial de una directiva comunitaria, que cuenta con el informe del Consejo de Estado y de la que ya fue informado el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado mes de marzo. Su objetivo es mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo, lo que «va a contribuir a sostener el crecimiento económico, así como la creación de empleo y de valor para el conjunto de las sociedades», según explicó la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Para reforzar la vinculación a largo plazo de los accionistas, el proyecto introduce las denominadas 'acciones de lealtad', de manera que los accionistas pueden otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante un mínimo de dos años. Las acciones de lealtad refuerzan la vinculación a largo plazo de los accionistas, que es el objetivo general de esta norma, según explica el Ministerio.
Se adapta también a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración y publicación de folleto informativo, fijándose en ocho millones de euros. Se conserva, no obstante, el umbral de cinco millones para las emisiones de entidades de crédito y la posibilidad de que la CNMV pueda exigir la publicación de un folleto si lo considera oportuno por las características de la emisión manteniéndose así la protección de los inversores.
Finalmente, se flexibilizan y agilizan los trámites para facilitar las ampliaciones de capital, ajustando los costes y garantizando la protección del accionista en general y del minoritario en particular. Esta modificación facilitará que las empresas puedan financiarse en los mercados de capitales de forma más eficiente.
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