Dia echará el cierre a 219 tiendas al no encontrar comprador

El motivo de la clausura ha sido la falta de resultados concretos en las conversaciones abiertas hace meses para buscar compradores, en paralelo a la transformación que se pretende hacer de los establecimientos que sí permanecerán -más de 3.200 incluidos los franquiciados, con mayor presencia de productos frescos y marca propia- y la enajenación de otros activos -se estima sacar unos 100 millones por la venta de las perfumerías Clarel y los supermercados mayoristas Max Descuento-.

El grueso de las clausuras de locales, que prevén realizarse este mismo mes, se efectuarán en Cataluña (38), Comunidad Valenciana (31), Galicia (24), Asturias (22), Castilla y León (21), Madrid (20), Castilla-La Mancha (16) y Andalucía (15). No obstante, el grupo aún seguirá trabajando para vender una treintena aparte a otras firmas del sector como El Corte Inglés, Carrefour y Lidl que, en un primer momento, ya mostraron su interés por hacerse con parte de las tiendas pero no llegaron a presentar una propuesta económica formal.

El grueso de esta información fue confirmada por el abogado de la compañía en el juicio que se celebró este martes ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre su ERE para 2.064 empleados –al final quedaron en 1.604, casi un 5% de su plantilla, aunque si se descuentan las recolocaciones en otros centros serían 1.248–tras sus pésimos resultados sufridos en 2018 –352 millones de euros en pérdidas– y la amenaza de quiebra. Este último riesgo, no obstante, parece haber quedado despejado tras alcanzar un acuerdo con la banca acreedora para retrasar el pago de la deuda hasta 2023 y una próxima ampliación de capital por 500 millones de euros.

Eso fue justo lo que argumentaron los representantes de FIGA y CC OO para reclamar que se anule el ERE, al estimar que aunque las causas económicas pueden permanecer sí han cambiado las circunstancias e incluso la información disponible sobre la empresa, «algo imprescindible para una negociación de buena fe». «No es lo mismo tener que pagar a los acreedores a finales de mayo que hacerlo en cuatro años», arguyeron, además de referirse al nuevo plan estratégico que prepara el magnate ruso Mikhail Fridman ('LetterOne'), quien controla el 70% del capital social y que en un principio era contrario a reducir la presencia comercial de la compañía.

Por eso estiman que ha podido incurrirse en «fraude de ley y abuso de derecho», al no haberse suspendido la tramitación del expediente hasta despejar las dudas en torno a la OPA de Fridman, la devolución de la deuda o la ampliación de capital. La empresa, empero, les acusó de «oportunismo sindical» y criticó que no denunciaran esas supuestas irregularidades ante la Inspección de Trabajo en sus varias visitas durante las negociaciones. De hecho -añadió el abogado de Dia-, durante las mismas desde CC OO participaron en el cruce de propuestas y la presentación de ofertas concretas, asumiendo de forma implícita que era necesario un ajuste laboral.