Los dueños de Dia pactan 'in extremis' con el Santander para evitar la quiebra

El viernes pasado, tras conocerse que LetterOne -encabezada por el magnate Mikhail Fridman- obtuvo en su reciente oferta pública de adquisición (OPA) el respaldo de casi el 41% de las acciones que no controlaba (tenía hasta entonces un 29%), anunció un «principio de acuerdo sobre una estructura de capital viable a largo plazo con 16 de los 17 prestamistas que representan el 77,5% de la financiación sindicada». Y dentro de ella lo más acuciante son varias líneas de crédito que suman 912 millones, cuyo vencimiento había logrado prorrogar el consejo de administración hasta el 31 de mayo.

Faltaba el 'sí' del Santander, que prestó el 22,5% de esos fondos y que este mismo lunes -por boca de su presidenta Ana Botín- califica de «injusta» la propuesta de Fridman porque no había quita encubierta para los bonistas -a los que el 22 de julio próximo hay que abonar 306 millones, pero con los que también se quiere negociar ahora una refinanciación– y sí para la banca. Pero poco después, y ya vía twitter, la máxima responsable de la entidad afirmaba que habían decidido «apoyar» el pacto financiero sobre Dia tras comprometerse desde LetterOne a tomar decisiones para eliminar esa «discriminación».

Acto seguido, el grupo de inversores rusos comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ya se cumplían las tres condiciones previas a la ampliación de capital de Dia por 500 millones –suma que ve «suficiente para remover la causa de disolución por pérdidas (hasta marzo tenía un patrimonio neto negativo de 175 millones)»–, que figuraban en su propuesta de acuerdo respaldada por la mayoría de la junta de accionistas el 20 de marzo. Solo faltaría que el consejo nombre a una mayoría de miembros propuestos por ellos, lo que esperan se produzca a finales de esta misma semana en una reunión del órgano donde se deberían votar sus propuestas aunque su petición tiene carácter «inmediato».

De hecho, la OPA quedará liquidada este miércoles, la fecha tope para que LetterOne y la banca acreedora sellen por escrito su acuerdo para dar «estabilidad financiera a la sociedad», si bien la suscripción de «todos los compromisos vinculantes» puede demorarse hasta finales de mes. Entre las condiciones acordadas se pospone al 31 de marzo de 2023 el vencimiento de ese crédito sindicado de 912 millones y, además, se obtendrían nuevas líneas de préstamo «por hasta 380 millones»: 200 millones –ampliables en otros 100– para tres años y 80 más para uno (se pueden prorrogar otros dos) a fin de cubrir «las necesidades de liquidez con proveedores».

Asimismo, no habrá amortizaciones anticipadas en todo ese tiempo y el dinero de la venta de activos -se estima sacar unos 100 millones por la venta de las perfumerías Clarel y los supermercados mayoristas Max Descuento- se reinvertirá en el grupo. A cambio, eso sí, los acreedores que participen en las nuevas líneas de financiación «tendrán derecho a una elevación de sus compromisos actuales –esto es, las garantías finales de cobro que les daría Dia- y también «un margen más alto» en ello –lo que se supone que supondrán intereses mayores para la devolución final-.

Entre las operaciones incluidas en el acuerdo con la banca, se incluye también la creación de «nuevas filiales» de Dia, fundamentalmente una nueva empresa española a la que se transmitirán activos y deudas, siguiendo en parte la fórmula financiera de 'bancos buenos y malos'. Su último compromiso con las entidades es que «no se distribuirán dividendos» por el grupo de supermercados hasta que todos sus créditos y otras líneas de financiación «hayan sido totalmente repagadas».

Por todo ello, al estimar que el futuro de Dia a corto y medio plazo queda despejado, desde LetterOne instan al consejo actual a «abstenerse de emprender cualquier iniciativa ligada a la Ley Concursal»; técnicamente, y mientras no se revierta la situación de patrimonio neto negativo (salvo una inyección de capital acelerada, habrá que esperar varias semanas para la ampliación de capital), podría solicitar el concurso voluntario o pedirlo de forma forzosa algún acreedor. Lo contrario, advierten, «resultaría lesivo para los accionistas, empleados, acreedores financieros y proveedores» y, «en consecuencia, constituiría una actuación contraria a Derecho».