Bruselas autoriza a cubrir hasta 3 millones de costes empresariales

Las empresas que se enfrenten a un desplome de al menos el 30% de su facturación podrán recibir ayudas públicas de hasta tres millones de euros para soportar el envite del coronavirus. Bruselas decide así aflojar aún más su marco regulador de la cobertura estatal, que desde el pasado 19 de marzo da libertad a los Estados para abrir el grifo al sector privado. Sin pandemia esas ayudas estarían prohibidas, pero con ella no valen restricciones y se impone el uso de todas las herramientas disponibles para acelerar la salida de la crisis.

La medida anunciada por la comisaría de Competencia, Margrethe Vestager, permite que ese dinero público pueda soportar parte de los costes fijos de las empresas que requieran asistencia. Hasta el 90% en el caso de las pymes y hasta un 70% en compañías más grandes que atraviesen por una situación complicada. En todos los supuestos, el tope estará en esos tres millones de euros. «Estamos introduciendo una medida que permite apoyar a las empresas con parte de sus costes fijos descubiertos», subrayó Vestager.

Es la principal novedad de un anuncio previsible: Bruselas mantendrá otros seis meses más la barra libre para que los Gobiernos acudan al rescate de sus empresas. Hasta el 30 de junio de 2021. Y eso, de momento, porque volver a las magnitudes macro previas al estallido de la crisis pandemia costará aún al menos dos años más.

El 30 de junio de 2021 será también la fecha final para mantener la flexibilización de las normas públicas de apoyo a las exportaciones. En concreto, que éstas puedan sostener los créditos sobre «riesgos negociables» a corto plazo (un máximo de dos años). Todos los países están autorizados a desplegar ese paraguas tras suspenderse una normativa con más de cinco años que prohibía a las aseguradoras estatales asistir en este tipo de operaciones.

Más amplió será el margen temporal para las recapitalizaciones (la salida del accionariado). Bruselas da hasta septiembre de 2021. Lo que se pretende, según la comunicación de la Comisión Europea, es permitir a la Administración retirarse del capital de las sociedades privadas mediante una valoración independiente, «al tiempo que restablece su participación anterior y mantiene las salvaguardias para preservar la competencia efectiva en el mercado único».

El volumen de las ayudas de Estado (todas han de ser validadas por la Comisión Europea) da una visión clara del potencial de unos y otros para hacer frente al impacto de esta crisis. El pasado mayo se ofrecían los primeros datos: las medidas aplicadas por Alemania suponían el 51% del total en la UE frente al 17% de Francia o el 15,5% de Italia. Bélgica (3%) y Polonia y España (2%) cerraban la parte alta de la lista. Esa progresión ha variado ligeramente en los últimos cinco meses. Alemania alcanzaría ya el 52,7%; Italia el 15,2%, Francia el 14,1% y en el caso de España, apenas el 5%.