Revolcón al juez que instruye el 'caso Villarejo'. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano competente para ver los recursos de la causa, ha acordado devolver a Iberdrola S. A. la condición de acusación particular en la querella que interpuso contra el ... exdirectivo Juan Antonio del Olmo, principal denunciante del caso y el hombre que señala al presidente Ignacio Sánchez Galán como conocedor de los servicios de espionaje contratados al comisario entre 2004 y 2017.
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El tribunal de la Sección Tercera, presidido por Alfonso Guevara, ha revocado el auto en el que el juez Manuel García Castellón consideró que la querella de Iberdrola contra Del Olmo por un presunta falsedad documental no se podía tramitar en el procedimiento central (los proyectos llevados a cabo por el Grupo Cenyt, la empresa de seguridad de Villarejo, por los que cobró 1,13 millones en total).
Además de incorporar esta línea de investigación a la instrucción, la Sala ha ordenado al juez que indague la veracidad del documento aportado por el exresponsable de Control Corporativo de Iberdrola, que demostraría según él las presuntas irregularidades en la contratación de Cenyt y en el pago de sus servicios mediante la ocultación del nombre de la empresa.
La defensa de Iberdrola y de los investigados Juan Carlos Rebollo y José Luis San Pedro consideran que Del Olmo aportó al juzgado «un documento privado manipulado que se había creado para perjudicar los intereses de la compañía». Este papel data de diciembre de 2004 y pese a las supuestas irregularidades que demostraría no fue aportado por Del Olmo hasta el comienzo de la instrucción de esta pieza separada número 21 del 'caso Villarejo', a finales de 2019. Es decir, 15 años después.
La Sala también obliga a García Castellón a que se pronuncie sobre la ampliación de la querella que Iberdrola presentó contra Del Olmo en un juzgado de Bilbao en enero de 2020 y que fue remitida a la Audiencia Nacional, una vez que se admitió a trámite, por la conexidad con los hechos investigados. Además de falsedad documental, incluye los delitos de revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica.
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