Alcoa cerrará al menos dos fábricas en España y deja en el aire 700 empleos

El argumento dado desde la compañía para justificar una medida tan drástica es que ambas factorías son las menos productivas de su lista internacional de activos por los «problemas estructurales» que vienen soportando desde hace tiempo, tanto de carácter productivo -ambas sacan 180.000 toneladas métricas al año de aluminio primario- como tecnológico por su eficiencia baja y costes elevados. De hecho, llegó a realizar varios análisis, internos y externos, cuyas conclusiones deparan que la mejor solución organizativa sería cerrarlas y agrupar todo su trabajo en la fábrica lucense de San Ciprián, la mayor que tiene en el país con 1.300 empleados centrados en producir aluminio y alúmina, un óxido fundamental para elaborar arcillas y esmaltes.

Desde Alcoa sostienen que han tratado de realizar «esfuerzos en los últimos años» para cambiar esas condiciones e incluso sondearon su venta hace dos años -en 2014 también llegaron a plantear la opción de cerrarlas-, pero finalmente los posibles interesados -la empresa española Alibérico, el grupo alemán Trimet y el fondo de inversión Atlas (que a través de la firma Aludim ya tiene dos factorías de aluminio en Alicante y Vizcaya, precisamente adquiridas a Alcoa)- desistieron de la operación por estimar que no aportaba la rentabilidad suficiente. Los sindicatos, pese a ello, insisten en que se busquen alternativas ante el cierre -la empresa ofrece un plan social de recolocación de los trabajadores- y estudian qué medidas de respuesta llevar a cabo, sin descartar paros.

El paso siguiente del grupo estadounidense será abrir el período preceptivo de 30 días de consultas con los representantes de los trabajadores y convocarles a una mesa de negociación, aunque éstos ya les han adelantado que están en contra de la clausura por considerar que las dos fábricas amenazadas «sí pueden ser viables». Esperan, no obstante, que la empresa les entregue en los próximos días la información concreta en que basa su decisión, y para la que apunta como otras razones factores externos del mercado internacional de aluminio, por ejemplo, la sobreproducción de China, el precio elevado de las materias primas y un coste de la energía claramente al alza.

Sobre este último punto desde Alcoa señalan que la factura energética ya supone el 40% de sus costes de producción y no para de crecer. En este sentido, en los últimos años ha venido reclamando una mejora del sistema de subasta de interrumpibilidad eléctrica, una herramienta que permite a las empresas obtener una retribución a cambio de desconectarse de la red durante un plazo determinado en caso de necesidad por alta demanda. Precisamente por ello el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, reclama ahora al Gobierno que les «traslade propuestas concretas» para «revertir una situación injusta», al tiempo que pidió más detalles a la compañía.

Un paso más allá ha ido el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, quien ha pedido directamente a Alcoa que no materialice los cierres. A través de su consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, adelantó que piensa convocar a empresa y sindicatos a una reunión tripartita, además de abrir un frente de actuación común junto al Ejecutivo gallego, una medida que también propuso Núñez Feijó. Mientras tanto, los trabajadores de la planta de Alcoa ya iniciaron este mediodía las primeras movilizaciones improvisadas impidiendo la salida de camiones con material y concentrándose a las puertas de las instalaciones, aunque sí siguen con la producción.

El Gobierno, por su parte, mostró su «sorpresa y preocupación» ante la decisión de la multinacional ya que, durante los contactos mantenidos en los últimos tres meses, «nunca había informado de que podía adoptar una decisión unilateral en este sentido», señala en una nota el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De momento, le ha pedido más información y que busque «alternativas» para mantener la capacidad productiva de las plantas de Avilés y A Coruña. A tal fin, el Ejecutivo central «trabajará junto con el resto de administraciones públicas afectadas y los agentes sociales».